El Fin de la Pena X

27 de septiembre de 1.999. 1º Programa radial en “vivo” desde la penitenciaría.
Uno de los objetivos que se había impuesto la gestión era crear actividades que mitigasen la monotonía del encierro; se partió de una situación inicial compleja que se reflejaba en los informes internos de gestión:1 (...) División Trabajo: Esta División ha sido víctima de un proceso sistemático de vaciamiento. Hacen + de 2 años que no se depositan los fondos correspondientes a la Ley 4818. Su estructura interna ha sido extrañamente manipulada. Hay talleres que cuentan con encargados pero carecen de espacio físico y herramientas. Sus recursos humanos se sienten decepcionados y desmoralizados.
La División Trabajo cuenta con 14 talleres y una planta de personal de 23 personas que incluyen a los maestros, el jefe, un administrativo y un arquitecto. Sin embargo no existen planes de crecimiento ni proyectos ni coordinación. Hay ganas de revertir la situación y buenas ideas. Los Maestros son personas con oficio y muchos años de experiencia en el trato con internos. La mayoría de los talleres funcionan, pero sufren la falta de elementos de trabajo como máquinas o materia prima. Todos ocupan menos mano de obra que lo indicado por su capacidad.
1.Planificación (albañilería) Funciona
2.Cerámica y Alfarería Funciona
3.Lavandería Funciona
4.Electricidad No Funciona
5.Totora y Escobas Funciona
6.Tapicería y Tornería Funciona
7.Plomería No Funciona
8.Zapatería Funciona
9.Caña y Mimbre Funciona
10.Herrería Funciona
11.Chapería No Funciona
12.Sastrería Funciona
13.Panadería Funciona
14.Carpintería No Funciona

División Psicosocial: Cuenta con un plantel de profesionales prevaleciendo psicólogos y trabajadores sociales. Son todos Coordinadores de algo. Programas, Sectores o simplemente temas. También realizan informes referidos al Régimen Progresivo de la Pena. Hay 3 psicólogos y 2 Asistentes Sociales que trabajan Ad Honorem en la admisión de los internos. Desde este sector se desarrollan algunas relaciones con otras instituciones, estas relaciones son débiles e inestables; lo cual representa un peligro para la paz social del penal porque hay problemas para dar continuidad y estabilidad a la educación que reciben los internos.
En el caso de la UNC. la Facultad de Derecho no ha otorgado mesas de examen para los internos que han cursado). También hay programas de tratamiento para drogadictos y alcohólicos que funcionan. Desconozco si hay un criterio de evaluación o de proceso. Los programas y la gente dependen de sectores y a la vez son coordinadores de conceptos que hasta el momento me resultan abstractos. Existe un aislamiento y descoordinación absolutas respecto de la División Trabajo y del resto del penal.
Los recursos humanos tienen buena calificación académica pero carecen de entusiasmo. En general hay reclamos de mayor presupuesto y la aceptación lisa y llana de que "nada puede hacerse si no hay plata". También hay quejas por problemas en el encuadre de la situación laboral de varios profesionales (figuran como personal de seguridad o no tienen régimen penitenciario).
Hay un convenio funcionando con la Dirección de Cultura para dar talleres de Teatro y Literatura a los internos del Pabellón de Adultos Jóvenes. El Taller de Literatura no funciona y el de teatro lo hace con un "elenco" de 14 internos. Este convenio rige desde agosto de 1998 y hasta agosto del presente. Sin embargo desde la firma del convenio y hasta hoy nadie de la Penitenciaria ha coordinado o le ha dado un sentido dentro del tratamiento penitenciario a estos talleres que casual y afortunadamente son muy positivos y necesitan ampliarse y enriquecerse desde la relación con el personal de tratamiento penitenciario.
Situación Social (...).
La concreción de esta emisión simbolizó el fruto de la Reforma para los internos. La idea era que el programa fuera de los internos. Se hace esta distinción para diferenciarlo de los programas realizados para abordar la problemática penitenciaria o “sobre” los internos. En un caso se discurre acerca de la situación de los presos desde el enfoque de la Sociedad Libre mientras el otro es una expresión de los internos participantes.
Se registran otras experiencias similares en el país como en la Cárcel de Olmos y de Ezeiza, incluso en nuestra Penitenciaría Provincial se produjo con cierta regularidad un programa del Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trataba de un programa grabado conducido por estudiantes de comunicación social en el que se analizaban las circunstancias del encierro con el aporte de especialistas y profesionales penitenciarios. Quienes protagonizaron este programa hoy se desenvuelven en los medios de comunicación y otros trabajan en el sistema penitenciario. Todos recuerdan con orgullo y cariño estas emisiones y destacan lo útil que fue para conocer el mundo de los presidios.
La idea de realizar un programa en la cárcel también estaba entre las actividades planificadas por la Dirección de Prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad. En este caso se aprovechó una experiencia que se venía realizando en la Cárcel de Encausados de San Rafael. Este programa se llamaba “La Oreja”, se transmitía por la radio municipal y era conducido al principio por el equipo de producción del programa sanrafaelino, la periodista Susana Platero y su fiel asistente “Kiko” Jiménez. Las emisiones se realizaban a través de LV8 Radio “Libertador” los días lunes de 12:30hs a 13:30hs
Luego esta tarea fue absorbida por el Personal Penitenciario hasta el final de el ciclo. Cabe consignar que si bien se podría haber obtenido un producto de mejor calidad técnica de haber utilizado profesionales para la conducción del programa, se buscó de esta forma crear un espacio de integración y responsabilidad compartida entre los internos y el personal. Y fue este el resultado más importante que arrojó.
La transmisión de este programa se mantuvo sin interrupciones hasta el final de la gestión. Se organizó un equipo de producción surgido de una selección de internos propuesta por el personal penitenciario. Este equipo tenía que recoger saludos, mensajes y trasladar las inquietudes de los compañeros de pabellón.
Durante los programas se recibían llamadas del exterior, lo que permitía que aquellos internos cuyos familiares vivían en zonas remotas se comunicasen telefónicamente a través de la radio. Otros tenían la posibilidad de cantar en directo o leer sus poesías.
También participaban activamente de las transmisiones los integrantes de la Red de Familiares, Personal Penitenciario, funcionarios y personas allegadas de los cultos que operaban en la Penitenciaria.
A medida que transcurrían los programas la participación de la gente se hizo más fluida.
La idea original era ir rotando a los internos que integraban el equipo de producción para ampliar la cantidad de participantes. Pero en la práctica no ocurrió así: Los internos que participaban del programa se resistían a dejar de hacerlo, tampoco habían tantos internos interesados en cumplir este rol.
El otro factor que influyó en la consolidación de un grupo fue la obligación de cumplir con una base de calidad mínima para la radio. No se podía rotar a la gente todos los programas porque siempre iba a ser como el ”primero” y los oyentes de LV8 Radio Libertador iban a recibir un producto muy descoordinado.
La alegría y el entusiasmo que el programa producía en los presos eran bien grandes, incluso el hecho fue registrado por la prensa antes, durante y después del primer programa y hasta le hicieron una nota para el diario el día previo al “estreno”. “Queremos tratar los temas con responsabilidad y con seriedad” comentaban entusiasmados a Diario Uno los internos que harían el primer programa.
Cristian Velásquez, Rodolfo Cúneo, Guillermo Pavano, Julio Acosta y José Dellagiovanna eran la base de la producción del programa de los presos. Les decían a los diarios que se trataba de un acercamiento entre la sociedad y este ámbito, que es un reflejo de la Sociedad.
Se pusieron en práctica todas las propuestas de los internos; lectura de poemas y cartas a los familiares, canciones de propia autoría; información interna del penal (horarios de visitas, insumos que se permite ingresar, estado de salud de los internos y realización de las obras teatrales); solicitud de materiales para los talleres, libros; sorteo de elementos elaborados en los talleres a cambio de mercadería para los mas necesitados.; saludos a amigos y familiares.
Un grupo muy entusiasta con el programa fue el de las mujeres de la Unidad 3. Muchas internas se anotaban para asistir al programa. La producción había establecido que una parte de los mensajes que mandaban los internos fueran leídos en el aire por un grupo de internas que se renovaba semanalmente. A estas presas les divertía mucho ensayar el ritmo y el estilo para leer los mensajes. El programa de radio fue asumido por todos como la legítima expresión de los privados de Libertad. En los pabellones, muchos internos seguían el programa con atención. Sobre todo los mensajes y saludos que los conectaban con el exterior.
También se leían distintos testimonios y algunos internos contaban su historia. Siempre se reservaba un bloque para dar a publicidad las actividades de los cultos y la Red de Familiares, quienes mandaban representantes a todos los programas. (continuará)

Èl Fin de la Pena IX

Lo que pasó y lo que se hizo en la Reforma Penitenciaria de 1.999
Desarrollo del Proyecto de Estructura Orgánica.
Para desarrollar el anteproyecto de estructura orgánica que funcionaria en el nuevo complejo penitenciario proyectado(Hoy Penal Almafuerte en Cacheuta) se utilizó como base un anteproyecto elaborado durante el año 1998 por el Ministerio de Gobierno en el marco del entonces Plan Estratégico de Seguridad que se cayó con el levantamiento policial de octubre del 98. Este proyecto ya planteaba la distinción entre Régimen y Tratamiento Penitenciario; lo que representa un avance toda vez que ubica al rol resocializador a la misma altura que el control y la disciplina y se acopla parcialmente con el espíritu de la ley 24.660 (La distinción entre régimen y tratamiento, siendo un avance en relación al pasado no es lo ideal, ya que mantiene fragmentado el abordaje de lo infragmentable: la vida de los presos. La influencia del régimen determina la efectividad del tratamiento.)
No había un acuerdo general, pero la participación fue amplia y se discutieron todas las opiniones en un marco de respeto. Incluso gran parte de la organización de las áreas de Seguridad fueron propuestas y desarrolladas por el personal penitenciario (Resulta destacable la buena predisposición del personal penitenciario para participar de eventos en los que se suspenden las jerarquías y pueden expresar libremente sus convicciones.)
Los cambios a instrumentar hacían esperar reacciones desde diversos ámbitos. Y así fue. La sociedad supo lo que se proponía hacer con su sistema de reinserción social y los distintos sectores del Sistema Penitenciario vivieron la situación según la evaluación particular que realizaron sobre cómo afectaría su posición este proyecto.
La preocupación básica que tenía el personal era la incertidumbre por su futuro frente a un cambio cultural en la institución
Una vez elaborado el anteproyecto de ley se amplió el debate mediante un ciclo de conferencias acerca de la Reforma Penitenciaria que se impartió en primera instancia a la comisión bicameral de seguridad y luego al resto del personal penitenciario de las distintas áreas y unidades de ejecución.
Se utilizaron filminas (muy modernas para la época) para sintetizar los principales conceptos del anteproyecto y una amplia mayoría del personal opinó y participó de los debates y llenaron una encuesta relacionada con la percepción de su trabajo y la reforma penitenciaria.

Un motín armado para que nadie moleste en un ajuste de cuentas.
La crisis más grave que sufrió el Proceso Asambleario fue el motín del 11 de Junio de 1999. En este hecho se puso a prueba el espíritu reformista de la gestión.
En Junio del 99 una versión vinculaba la muerte de un interno a manos de tres presidiarios, lo cual desencadenó un conflicto interno en la población penal que derivó en otras dos muertes durante el motín.
La situación se genera en la inexplicable facilidad que tuvo la primer víctima para ingresar y permanecer en un pabellón que no le correspondía en un horario en el que el tránsito de internos por el penal estaba restringido. Fue apuñalado en el fondo del pabellón 2 cuando tendría que haber estado en el pabellón 4.
Para que esto ocurra tienen que converger muchas omisiones y faltas de control, sólo se explica en la actividad de cobrador que realizaba el interno. Una vez que se produce la primer muerte, con un poco de distracción, este sangriento motín tomó su cauce “natural”
La toma de rehenes y parte del penal se inició cuando un grupo de internos del pabellón Nº 5 donde se alojan los adultos jóvenes saltaron por las paredes laterales de la Avenida del Trabajo.
Desde el patio de visitas, que se encuentra en la parte posterior del penal hasta la rotonda donde convergen los pabellones hay unos 150 metros en los que se encuentran las oficinas de Seguridad Interna, una reja y un callejón largo y angosto que se denomina “Avenida del Trabajo”. Esta avenida es un verdadero cuello de botella entre los pabellones y la parte anterior del penal. Es el tránsito hacia la interior del, sus paredes son lindantes a dos pabellones por ambos costados.
Al ganar la Avenida del Trabajo, los jóvenes / adultos aislaron la parte superior del penal y redujeron al personal que se encontraba en la guardia de la rotonda, después capturaron a los guardias que se encontraban en la puerta de los pabellones y los condujeron a unas celdas del fondo del pabellón 4. Simultáneamente otros internos buscaron y asesinaron a 2 presos con múltiples golpes y heridas punzo cortantes.
Mientras se producían estas muertes y en medio de los gritos y las súplicas de las víctimas, parte de la población penal gritaba y festejaba como si se hubiera producido un gol en un mundial.
Había un tercer preso que era buscado afanosamente por los amotinados y que logró escapar por los techos hasta llegar a la parte controlada por la institución.
A los rehenes les quitaron el uniforme y los vistieron con otras ropas. No fueron golpeados pero sí torturados psicológicamente. La mayoría de los agentes capturados eran muchachos jóvenes que llevaban 2 semanas de trabajo.
Los cuerpos mutilados de las víctimas fueron colocados en canastos metálicos que se usan para llevar el pan y ubicados en el medio de la rotonda para que todos los vieran.
Recién cuando terminaron con esta situación apareció en la reja de la guardia un grupo de presos dispuesto a negociar. Lo primero que exigían era la entrega del tercer interno que querían matar a cambio de no hacerle daño a los rehenes.
Frente a la firme negativa de las autoridades para acceder a semejante pedido se cortó la comunicación por algunas horas.
En este motín se percibieron por primera vez rasgos de política comunicacional por parte de los internos rebeldes. Es que entre las ya clásicas exigencias que planteaban los internos una era nueva; que se diera a publicidad el petitorio por la televisión, pero no por cualquier canal, sino sólo por canal 9, ya que consideraban que canal 7 tenía una postura muy crítica hacia los presos. Los términos textuales eran otros
Grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que los internos pensaban llevar su causa al terreno mediático con una puesta de escena que sorprendería a más de un productor artístico. Los medios de comunicación tenían sus equipos de transmisión instalados en el penal a la expectativa de la resolución del conflicto y los últimos tramos de la negociación los tuvo como protagonistas.
Tanto el hecho como la actitud de los internos tuvieron amplia cobertura por parte de la prensa nacional. Ver Nota en Pagina 12 del 12-6-99
El proceso de negociaciones de este motín tuvo como protagonistas a internos que se presentaron frente a las autoridades como un grupo moderado que intentaba contener a otro de exaltados dispuestos a matar a los rehenes; y a un nutrido grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad; el subsecretario de Justicia, el directo General del Servicio Penitenciario, el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, el Director de Prensa y Difusión del Ministerio, el Director de Investigaciones, y el Coordinador General del Sistema Penitenciario.
El acuerdo llego a través de un acta redactada en la oficina de de Seguridad interna en la que se establecía que
Cuando se producen desórdenes como los ocurridos en este motín que tuvo un saldo de 2 víctimas fatales en el hecho más la que precedió a los acontecimientos y cuantiosas pérdidas materiales, se modifican las relaciones de poder dentro de la unidad de ejecución. Sería el desequilibrio residual a la crisis. Los ánimos quedan sensibilizados y el mando resquebrajado.
El liderazgo del eventual Director se ve seriamente debilitado después de un motín.”el de Director es un puesto muy difícil, porque estás a cargo de todo y no manejas nada”, decía un experimentado oficial penitenciario.
La renuncia se precipita como un cierre magistral para el motín. Un nuevo Director traerá más oxígeno para seguir con el mismo proceso sin perturbaciones.
Los motines representan entonces un fracaso para quienes manejan la seguridad interna del penal y también arrastra al eventual Director. Resulta difícil para estas personas recuperar la autoridad necesaria para proseguir con sus funciones. Nada vuelve a ser como hasta entonces.
Esta dificultad para sostener a los Directores después de una revuelta tiene que ver con la estructura piramidal y jerarquizada de estas instituciones, que están llenas de roles de jerarquía y no funcionales. Se depositan en el Director demasiadas expectativas en relación a la baja operatividad de sus funciones; que están volcadas hacia el control.
Se puede observar con facilidad esta relación en los cambios graduales que se producen en el discurso (comunicación) de los directores desde el momento en que asumen hasta que renuncian: al principio están llenos de proyectos que prometen resocializar a los presos; al poco andar reconocen que existen dificultades muy difíciles de sortear, luego se dedican a desmentir o confirmar hechos de violencia y finalmente se van casi pidiendo disculpas. Y en algunos casos terminan defendiéndose de todo tipo de acusaciones que se les inician en consonancia con su mala estrella.
Una vez superada la crisis, los primeros pasos que se dieran iban a ser fundamentales para redefinir nuestra posición frente a la Comunidad respecto a la Reforma que poníamos en marcha; las opciones eran pocas, acelerar o cambiar el rumbo.
En este contexto la decisión de no suspender las visitas sorprendió a todos. Lo usual ha sido suspender el ingreso de familiares durante algunos días y luego ir otorgando visitas discrecional y paulatinamente.
El motín es exitoso para sus organizadores en la medida en que retrotraigan el dominio físico de los presos al ámbito del pabellón y la autoridad más cercana. La suspensión de todas las actividades y la negación del contacto con la familia simbolizan este triunfo.
Sin embargo el motín del 11 de Junio de 1999 fue un fracaso parcial porque si bien no se pudo evitar la renuncia del Director, tampoco se vulneraron los derechos básicos de los internos ni se frenó la reforma.
Y este cambio se vio reflejado claramente en la lectura que se hizo de la situación: donde antes había un desorden que debía ser castigado ahora había una crisis que debía ser contenida. Frente a problemas diferentes las soluciones debían serlo también.
La suspensión prolongada de las visitas; por global e indiscriminada, es vivida como un castigo por la población penal y su contexto familiar. Esta negación crea un espacio de poder para quienes administran quién recibe visitas, en qué condiciones y cuando. También es una medida difícil de controlar para el poder político debido a la cantidad de internos.
Esta política instaura un orden formal automático, pero en su implementación resulta desequilibrante para la población penada. Es que al quitar la contención familiar a mucha gente que no tuvo participación en los hechos de desorden y después establecer distinciones para restituir este beneficio se generan inevitables fricciones.
La importancia que tiene para el interno recuperar el contacto con su familia, y más aún después de un desorden general es destacable. Para la familia del interno no termina la angustia del motín hasta que no se reencuentran con su familiar. Podríamos enunciar entonces la siguiente distinción: Para la Sociedad Libre el motín termina cuando se cierra la cobertura de medios, mientras que para la Población Penada cuando se restituyen las visitas.
Los contactos de los reclusos con el exterior deben ser vistos más como derechos que como privilegios, no deben usarse ni como recompensa ni como castigo. El privar a los presos de tales derechos como sanción disciplinaria es inaceptable.
En el caso en que nos tocó actuar se utilizaron 24 hs. de encierro total con el objeto de realizar un requisa general y limpiar el penal para luego restituir las visitas con normalidad a toda la población penada. Esta medida fue tomada por propios y extraños como una reafirmación del rumbo en momentos en que se quería instalar en la Sociedad la idea que el motín había encontrado su origen en un política laxa y permisiva hacia los internos. Paralelamente se dio gran impulso a la organización de la Red de Familiares, que estaba en pleno proceso de gestación..
A diferencia de lo que pensaban muchos que ocurriría (algunos de nosotros también); que la población penal tomaría esta política como un signo de debilidad, no fue así. La ausencia de castigos colectivos fue la consecuencia lógica del entendimiento de la naturaleza de los motines.
La comprensión de cómo se gestan los motines no aconseja recargar al conjunto de la población penada con castigos adicionales a la presión y la angustias propias de la situación.
Al adoptar las medidas enunciadas y no las tradicionales dejamos en claro que ya no creíamos que los motines fueran una acción de desorden unilateral de parte de la población penada, sino que advertíamos por la propia experiencia y la transmitida por gente que lleva años en el quehacer penitenciario que muchos motines se producen por una combinación de voluntades, tanto de grupos de internos, familiares como de parte del personal penitenciario.
Las dificultades para investigar la génesis de estos hechos radica en que el mismo personal penitenciario era el encargado de realizar las actuaciones administrativas correspondientes. Hoy lo realiza la Inspección General del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por otro lado; si bien interviene la Justicia cuando hay comisión de delitos, su investigación se torna muy específica sobre un hecho puntual y no focaliza en el contexto en el que se desarrollaron los mismos (continuará).

El Fin de la Pena VIII

Descripción de la los roles sociales internos dentro de los regimenes penitenciarios. Fuente Elías Newman "La Sociedad Carcelaria"
1. El Delegado: denuncia la situación del grupo. Es el vocero del grupo;integrante que se desempeña como vehículo de lo emergente, es la persona que pesca y denuncia una situación.
2.El Carteludo, da órdenes directas o indirectas. Consisten en interrumpir un deseo expresado por algún miembro sustituyéndolo por su propio deseo.
3.Cachivache: la contracara del líder. Se le hace cargo de todo lo negativo (chivo expiatorio)
4.El Buche, es el depositario de la resistencia al cambio.
5.El Pensador, pone ideas, cuando el grupo no funciona.
6.El Organizador, pone paréntesis y determina las formas y tiempos en el grupo.
7.El Aglutinador, centra las cuestiones afectivas del grupo.
Seguridad Interna en San Felipe.
La seguridad interna en un penal como San Felipe en 1999, se mantienía a través de un delicado equilibrio, sostenido por el personal penitenciario con los internos. Pero como la palabra lo indica equilibrio no es control. Es muy difícil que 25 agentes por turno puedan manejar a mas de 1.200 personas.
La base del equilibrio está en la estructura panóptica radial que tiene el penal, donde todos los pabellones tienen su puerta de ingreso de forma concéntrica hacia un patio central (rotonda) en donde se encuentra la guardia. Resulta difícil controlar lo que ocurre adentro de los pabellones una vez que se produce el encierro, después del último recuento, pasadas las 20:00hs.
Por otro lado: las puertas de las celdas, en muchos casos, están averiadas y facilitan que los presos puedan manejarse por el cuadro sin dificultad y los techos de los pabellones permiten que internos caminen por ellos durante las noches e incluso que se pasen de un pabellón a otro.
El personal de seguridad interna no puede estar armado en la zona de la rotonda (para evitar que les roben el arma y sean víctimas de su propia seguridad). Cuando se realiza el encierro nocturno, los guardias cumplen su tarea acompañados de una linterna que en muchas oportunidades no se encuentra en condiciones de uso. Es una actividad riesgosa por su vulnerabilidad. Esta tarea la realizan los penitenciarios de menor rango supervisados por sus superiores.
Dada la imposibilidad física y técnica para controlar lo que ocurría adentro de los pabellones el personal debía utilizar un sistema de inteligencia interna para tener un nivel mínimo de conocimiento sobre las actividades de la población penada. Esta red de inteligencia era una variable independiente para los funcionarios del área, con personal de seguridad interna y determinados penados que hacían de informantes.
Estos internos “adaptados” suelen ser penados con muchos años de condena con las accesorias del art 52 del Código Penal o cadena perpetua. Esta gente es la más "permeable" para el personal penitenciario, ya que saben que tendrán que convivir en prisión durante mucho tiempo y la única llave que tienen para obtener ciertas mejoras en su calidad de vida como visitas especiales y permiso parra vender golosinas, cigarrillos o gaseosas durante la visita,es el personal penitenciario. A cambio ellos se involucran y hacen propios los intereses del personal.
Dentro del penal existía un mercado de 1400 consumidores de diversos de artículos, muchos los proveen los familiares durante la visita como ropa, alimentos o elementos de limpieza. Otros están prohibidos dentro del penal como las bebidas alcohólicas y obviamente los estupefacientes. La posibilidad de vender estos productos prohibidos representa un nicho de mercado más que interesante, toda vez que entre los internos hay una proporción de poli adictos muy superior al perceptible en la sociedad. Un verdadero mercado “cautivo” ya que por estos elementos se llega a pagar el triple o el cuádruple de lo que vale en el comercio “normal”.
Lo que encarece el precio del alcohol, las armas y las drogas es el riesgo de introducirlos y comercializarlos dentro del penal. Y es en este punto donde comienza la historia...
Imposible desplegar esta rentable actividad sin la colaboración del personal penitenciario, ya que es el encargado de controlar y evitar que esto ocurra, mediante la requisa que se realiza a los familiares en el ingreso a la visita y en las periódicas que se producen en los pabellones.
Se puede dar la situación de que algún familiar pueda introducir drogas y alcohol al penal y usualmente, se descubren casos. Sobre todo las mujeres, que introducen sustancias y elementos en el interior de su cuerpo. Sin embargo este hecho no es representativo del volumen comercializado.
El personal que requisa a la visita antes que ingrese no puede revisar completa y profundamente a todas los ingresantes por una cuestión de tiempo, y oportunidad. Tampoco se contabsa entonces con detectores para facilitar esta tarea ni se puede garantizar el celo con que los agentes realizan las requisas en los pabellones. En conclusión, en San Felipe se podría ingresar, comprar y vender cualquier cosa. La clave son los canales de distribución.
Para desarrollar un esquema de comercialización ilícita dentro de la Penitenciaría se necesita un nivel mínimo de coordinación y predicibilidad en el suministro, ingreso y cobranza de los artículos y también un nivel de actividad permanente.
Para que el negocio funcione es indispensable el acoplamiento entre un grupo de internos y parte del personal penitenciario. Esta asociación va cambiando de nombres pero conserva una estructura concordante a través del tiempo: el personal administra el ingreso y suministro de productos (sobre todo drogas, alcohol y armas) mientras que los internos involucrados se encargan de distribuir, vender y cobrar lo generado.
El personal involucrado en esta actividad necesariamente debe tener alto rango e influencia para manejar las variables que permiten el ingreso y comercialización de sustancias al penal, manejo de personal, cambiar internos de pabellón e influenciar sobre el régimen progresivo de la pena establecido en la ley 24660. Generan las adecuadas condiciones de seguridad para que el negocio florezca.
Los beneficios económicos son distribuidos mayoritariamente entre el personal mientras que los internos asociados reciben mejoras en su calidad de vida: pabellones en mejores condiciones, mayor disponibilidad de movimientos dentro del penal, aceleración en el otorgamiento de beneficios y mejor régimen de visitas.
Estos mecanismos a pesar de informales, funcionan con exactitud; por ejemplo, en el caso de las visitas: el solo hecho de permitirle a un interno bajar al patio de visitas en las primeras horas de la mañana le da la posibilidad de compartir más tiempo con su familia que el disponible para otro al que le fue permitido bajar después del mediodía. Quizás los familiares de uno y otro ingresaron juntos al patio de visita, pero a uno le avisaron rápido y al otro no. Si algún interno o familiar se queja de que no agilizan la bajada, el personal aduce que el interno no responde al llamado y el asunto termina ahí. Lo mejor es no insistir.
También se manifiesta esta situación cuando el personal califica la conducta y el comportamiento de los reclusos para ser elevado al Consejo Correccional, encargado de administrar el régimen progresivo de la pena.
En esta trama participan internos, familiares y personal penitenciario con vínculos muy sólidos entre los integrantes del mismo sector y funcionales en relación a los otros. Formar parte de esa actividad es un verdadero logro para muchos internos, que encuentran una fuente de ingresos, beneficios y un espacio de poder con respecto a sus pares.
Desórdenes y Motines
El orden "normal" implica, como describíamos, una una serie de ilegalidades sistemáticas, que como tales están permanentemente amenazadas por la acción de la Ley. Ya sea porque algún caso llega a ser denunciado o por cambios políticos dentro del Sistema Penitenciario. Según sea el caso se producen desequilibrios e interrupciones en el normal funcionamiento del penal que desembocan en desórdenes generales que, como veremos más adelante, son un mecanismo de defensa para que tras la cobertura de un gran desorden se preserve y reproduzca el verdadero ORDEN, el que subyace a pesar de todo.
En estas líneas observamos a cada sector del Sisterma frente a estos hechos:
En el caso de los internos respecto al orden y la disciplina presentan diversas posturas; algunos vivirían de motín en motín, quizás encuentran cierta satisfacción en descargar las frustraciones del encierro sobre el edificio que los separa de la libertad. Pero la gran mayoría siente profunda inseguridad durante las revueltas.
Los familiares padecen con angustia los motines al no saber qué ocurre adentro. Generalmente este desconocimiento se transforma en sospechas y rumores que agregan dramatismo a la situación. Temen los ajustes de cuentas entre internos y la violencia utilizada por el personal en caso de represión. Se mantienen pendientes de la información a través de los medios o expectantes en las inmediaciones de la Penitenciaría.
Sin embargo el Personal Penitenciario tiene una actitud muy calma durante estas instancias; consultados sobre esto los oficiales comentaban que han pasado por muchos motines y la experiencia ha quitado emotividad al hecho. Es un día intenso, que luego será recordado como el día del motín de tal o cual ex Director, ya que asumen que los motines no es algo que les ocurra a ellos -salvo que les toque ser rehenes- sino al hasta ese día Director del establecimiento.
Las actitudes o estados emotivos que otras personas adoptan en estas revueltas, constituyen después motivo de análisis o sorna (según sea el caso) por parte de estos aventajados agentes penitenciarios. Sobre todo si se trata de otras fuerzas, el poder judicial y los funcionarios del poder ejecutivo.
El motín de junio del 99 tomó a la gestión en momento muy delicado. En lo que a los funcionarios se refiere la situación era paradójica. Si una nueva conducción se presentaba con una política que tendiera a disolver la tensión entre la población y el resto, sería una prueba importante una respuesta asertiva a la hora de resolver un motín.
Ningún desorden llega a motín sin la colaboración (por acción u omisión) del personal penitenciario. De hecho se requiere la coordinación de internos y personal para organizar uno. Y en función de esto mismo es que todos los motines expresan tanto intereses de los internos como del personal penitenciario.
Durante las revueltas los internos se expresan, reclaman y también aprovechan el descontrol por algunas horas para esahogarse y saldar “cuentas pendientes” mientras el personal desestabiliza el orden jerárquico que no es de su agrado. Los últimos tres motines de envergadura que se produjeron en la penitenciaría de la ciudad de Mendoza tuvieron un único efecto: la renuncia
del Director. Ni se escaparon los presos, ni se aceleraron las causas, ni mejoraron las condiciones de vida de los internos, sólo se desencadenó la salida del circunstancial director del penal.
Los motines se organizan con la colaboración de parte del personal penitenciario lo que significa que no son sólo expresión del descontento de los internos, sino también la ejecución de operaciones políticas que buscan perpetuar un esquema de funcionamiento que contiene importantes beneficios económicos para quienes detentan el poder cotidiano del encierro.
Cualquier gestión que tienda a equilibrar el casi absoluto poder físico y cotidiano que ejerce el personal sobre los internos será visto como amenazante para el orden instaurado, y si transparenta determinados aspectos de esta relación; se constituye frente a ellos un verdadero enemigo.
Los mecanismos que pone en funcionamiento el personal penitenciario para elevar la presión interna necesaria para la producción de un motín son diversos, sin embargo se pueden esquematizar para su mejor comprensión de la siguiente manera:
Con relación al Poder Político:
1) Estado de Inminencia: La falta de conocimiento sobre el conjunto de la Población Penal por parte de los funcionarios; sobre todo cuando se lleva poco tiempo en la gestión, obliga a “ver” adentro del pabellón con los ojos del personal. En este caso se trata de plantearle a las autoridades una situación en la que podría producirse un motín o una fuga masiva si no se toman determinadas medidas como: traslados, cambios de pabellón, suspensión de visitas o medidas disciplinarias que tienen un costo político y humano importante. En este punto la Administración se ve arrastrada a tomar decisiones sin conocer profundamente la situación y mucho menos las consecuencias. Se debe tener cuidado especial cuando esta información llega relacionada con eventos especiales; se debe realizar un profundo análisis de riesgo antes de tomar decisiones. Sobre todo, cuando se corre el riesgo del incumplimiento de ciertas órdenes encaminadas a evitar la posibilidad de un motín.
2) La objeción permanente: Este patrón de conducta es más inconsciente que el anterior; se trata de desgastar el ánimo de la gestión mediante una actitud objetora pasiva inquebrantable. Se torna muy difícil de implementar cualquier iniciativa, debido a diversos obstáculos, que resultan infranqueables por la situación reinante. En la mayoría de los casos las dificultades son reales, pero podrían superarse con buena voluntad. Es un síntoma propio de la baja calidad motivacional de los recursos humanos.
Con relación a la población penada
1) Incremento gradual de la tensión entre internos: En este caso se trata de capitalizar los conflictos existentes entre internos para que en su dinámica se establezcan bandos contrarios. Donde hay conflictos hay intereses, y con ellos la oportunidad de negociar una buena combinación de ambos. En el caso del motín ocurrido en Junio de 1.999 se utilizó justamente este mecanismo.
2) Aumento de la tensión a través de los familiares: En este caso se trata de dificultar la relación de los internos con los familiares mediante el trato dispensado a éstos por parte del personal, demoras en el ingreso del familiar y en la bajada del interno, exceso de celo en las requisas y no permitir el ingreso de determinados artículos de manera arbitraria; por ej: material de lectura. Esto resulta altamente irritante para toda la población penada y produce rápidas reacciones. De la intensidad del estímulo dependerá la magnitud de la reacción.
3) Presión global sobre la población penada: Este mecanismo es lento e inexorable. Consiste en el cercenamiento paulatino de las actividades de los internos dentro de la Unidad de Ejecución. A medida que disminuyen los niveles de actividad se incrementa la tensión y las demandas. Aumentan las huelgas de hambre, las auto lesiones, los reclamos y los problemas entre internos.
Este mecanismo permite mantener un alto nivel de control sobre la tensión interna toda vez que no es unidireccional sino que presenta movimientos oscilantes. Una medida clásica es interrumpir los servicios religiosos o los talleres de trabajo (continuará)

El Fin de la Pena VII

Reforma Penitenciaria: Estructura Orgánica
En las paredes de una celda carcelaria, hace años, apareció escrita esta sencilla cuarteta:

"en este sitio maldito
donde reina la tristeza,
no se condena el delito,
se condena la pobreza"

La reforma del sistema Penitenciario demandará un exhaustivo análisis de los instrumentos y valores que sustentan la función penitenciaria. Ya se ha referido a un Sistema Penitenciario integrado y relacionado con el conjunto de la Sociedad, se ha inferido que existen patrones de organización comunes a ambos, y que en la cárcel se pone físicamente de manifiesto el poder del Estado sobre el conjunto de los ciudadanos. El trato que reciben los presos es el mismo que relaciona a los integrantes de la sociedad.
Es importante profundizar entonces la noción de mano dura, del mensaje represivo. El mensaje represivo es común como primera medida, sirve para calmar de manera parcial la angustia de las víctimas de los delitos, pero no ataca las causas que los produjeron.
El sistema penal debe actuar como última razón de ser. En el fondo hay una crisis de legitimidad de la función carcelaria, porque no logra su objetivo de resocializar a las personas, sino que hace todo lo contrario. Es muy difícil lograr una contra motivación, con una política represiva en la persona que ha delinquido.
El ser humano es diferente a un perro. Con un palazo se puede lograr contra motivación en un can mientras que en el ser humano sólo se obtiene desjerarquizarlo y convertirlo en un autómata; lo cual es un pésimo resultado. Se debilita y desestructura su yo. Sólo aparenta una obediencia ciega, simulación de aceptación de las normas carcelarias para conseguir un beneficio.
Desde el comienzo de la experiencia de gestión se percibió una posición de mayor vulnerabilidad de lo normal para las autoridades políticas del área de gestión; el acuerdo era la llave para el sostenimiento de la gestión; los motivos son claros:
1) Tensión en las relaciones con el personal: La reforma y las cesantías que se llevaban a cabo en la policía enrarecían el ambiente y la relación del gobierno con el personal penitenciario.
2) Pésimas condiciones de vida de los internos: El hacinamiento estructural impide que los internos cuenten con la condiciones básicas de una vida digna.
3) Imposibilidad fáctica de mejorar sustancialmente la situación en el corto plazo con el presupuesto ya establecido.

Nuevos Complejos Penitenciarios.
Es inviable un proyecto de tratamiento penitenciario en un establecimiento con el deterioro y saturación que sufre penitenciaría de Boulogne Sur Mer. Por eso, la primera gestión del flamante Ministerio de Justicia & Seguridad a cargo del Dr. Alejandro Cazabán dio gran impulso al proceso de construcción de 2 complejos Penitenciarios (uno en el Departamento de San Rafael y otra en Cacheuta); los mismos tendrían una capacidad para 2.000 internos y serían flexibles para su ampliación. Después de un proceso muy largo que incluyó múltiples reuniones y asambleas públicas, fue seleccionado el Campo Cacheuta. Se elaboró el programa de requerimientos para que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos pudiera realizar el llamado a licitación pública internacional.
Los requerimientos establecidos en los pliegos reemplazaban el anteproyecto concursado en 1995. Este complejo delineado por la comisión interministerial no tendría muros; en su lugar se construirían dos alambrados paralelos separados por varios metros sembrados de censores y filmadoras. Lo suficientemente amplio como para que lo recorran vehículos de patrullaje. Los internos estarían habilitados para ver el exterior y a su vez, poder ser vistos, porque cuando una Sociedad esconde algo, está tentada a violar el estado de Derecho.
También se pretendía que el complejo tuviera cierta autonomía del resto de la ciudad con una planta de tratamiento de líquidos cloacales y un microhospital. Los niveles de autonomía se conservaría en las divisiones internas del complejo. Se contemplaba un conjunto de 7 unidades de ejecución independientes, cada uno correspondiente a un tipo de interno o al grado de seguridad necesario, cuya estructura urbanística se asemejara a un barrio, con 5 unidades (Mujeres, Jóvenes Adultos, Procesados, Penados, Máxima Seguridad y Autodisciplina, para hombres y para mujeres).
A cada establecimiento se llegaría en colectivo, tendrían una capilla, cocina y locutorios para que los presos atiendan sus visitas; lavadero, boxes, gimnasio y aulas, para capacitación.
Los establecimientos estarían divididos en pabellones, con un total de 80 internos cada uno. Cada pabellón tendría su grado de autonomía, con depósitos para alimentos, limpieza, basura, cabinas telefónicas y un salón con canchas y gimnasio.
Los pabellones, divididos en cuatro cuadros de alojamiento con capacidad para veinte personas cada uno. Las celdas, individuales: cada preso en un espacio de 8 metros cuadrados. En esta superficie, una cama, un escritorio, un espacio para guardar ropa, un inhodoro y un lavamanos.
Los niveles de seguridad variarían según el establecimiento, los grados de restricción de la libertad se diferenciarían entre el área de mujeres y el de máxima seguridad. Las internas madres, en su propio espacio, y una guardería intramuros. El máximo nivel de libertad, en el sector de autodisciplina. La vigilancia más laxa, con un solo agente. La nueva “chacra1”, como un barrio con varias casitas, calculadas para 6 personas, con huertas, talleres, capilla, biblioteca, aulas, gimnasio y espacio para las entrevistas con el gabinete Psicosocial.
La autonomía de las distintas áreas de la penitenciaria, surgiría de lugares diferenciados para admitir a los internos, para la atención de los profesionales y espacio para la cocina, la seguridad interna y mantenimiento de todo el complejo con la previsión de una cancha reglamentaria de fútbol.
La nueva cárcel debería tener los servicios anexos, fuera de los alambrados perimetrales; un casino para los agentes penitenciarios con dormitorios, vestuarios, comedores, salón de conferencias, un polideportivo y una farmacia. Se construirían ámbitos especiales para la recepción de las visitas y para las visitas íntimas. De esta manera habría acceso al trabajo y a la educación. Un hospital de mediana complejidad, talleres y fábricas, con la participación de capital privado. Cada módulo con enfermería, espacios verdes, escuela y un lugar para la oración. Cada penado recibiría el tratamiento que le correspondiera según su sexo, edad, estructura psicológica, situación legal y predisposición al cambio.
Cultura Penitenciaria
Desde que se creó la Dirección General del Servicio Penitenciario se modificó el esquema de trabajo del Sistema Penitenciario. La autoridad política creada a la luz del nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad, concentraba entonces la responsabilidad de todos los establecimientos penitenciarios de la provincia. Directores de las unidades de ejecución debían circunscribir su actividad a la aplicación de la política emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Para las administraciones, este esquema de poder y desmanejo simultáneos dificultaba sortear el problema de los motines, ya que rompían el principio de autoridad, obligando a tomar medidas drásticas para recomponerlo. La implementación de la ley 24.660 se percibía deficiente o débil para mantener el orden en las Unidades de Ejecución, consecuencia de ubicar el orden y la disciplina como valores en sí mismos, desvinculados del proceso de readaptación.
El modo de vida esclarece cómo fue organizado este motín, sus relaciones y los intereses que se barajaron en él. Sobre todo el rol que cumplen en estos hechos el personal penitenciario, los internos, los medios de comunicación y los funcionarios.
La prisión es "un mundo"; e interesa conocer cómo se desenvuelve y reacciona la persona ante él.
El individuo privado de su libertad, se ve inmerso en este mundo que se le impone, sin tiempo para una adaptación progresiva. El interno percibe que no tiene vías de escape, sólo le cabe adaptarse y plantearse distintas formas de evasión, ya sean éstas psicológicas o físicas. Atmósfera cerrada que penetra todo el espacio físico del centro penitenciario, con muy escasos lugares o territorios de evasión personal. El individuo no puede llegar a acotar su propio espacio, porque éste es también espacio de los demás, lo que lleva a una auténtica promiscuidad temporal y espacial. Tampoco puede elegir sus amistades o compañeros, ya que estaban ahí.
No sólo está privado de libertad e intimidad y sometido a un sistema jerarquizado y muy autoritario sino que resulta paralelo al que marcan los mismos presos. El interno vive en función de su propia subsistencia. Para sobrevivir, se ve abocado a cumplir con las normas impuestas por el llamado "código del preso", a la vez que asume las establecidas legalmente. Esto quiere decir que la persona privada de libertad, lejos de aprovechar su experiencia para reflexionar sobre el delito cometido y para hacer un replanteamiento de su vida de cara al futuro, lo que hace en realidad es interiorizar los valores de esa subcultura en la cual se halla inmerso.
La vida de las personas privadas de libertad está organizada en función de la custodia y retención y se organiza de acuerdo con la estructura física de los edificios y su propia seguridad, ya sean éstos ordinarios, especiales o abiertos.
En el caso de Mendoza cada pabellón encuentra su equilibrio particular en el consenso de los internos que lo habitan. De esta forma los habitantes de los pabellones construyen sus propios códigos de convivencia, y en este mecanismo se genera cierta identidad de grupo primario y sentido de pertenencia que trasciende los límites de la “ranchada”1. Estos códigos tienen que ver con la resolución de conflictos, la administración de recursos como comida, yerba, artículos eléctricos, de limpieza, y un sistema de control y justicia propia, del que no están exentos los castigos, abusos físicos y la muerte.
La cohesión grupal en la cárcel alude al grado en que un grupo resulta atractivo para sus miembros. Esta atracción puede ser la de pertenecer a un grupo, que a su vez puede estar determinada por diversos roles y normas.
En la distribución de los reclusos en los pabellones se presenta el riesgo de violencia entre internos. Estos conflictos pueden surgir de la convivencia cotidiana en el presidio o pueden tener antecedentes que vienen del exterior. La estructura interna de los grupos incide en la tensión que atraviesa el Sistema Penitenciario por los roles que se reproducen en toda sus escalas.
Las ranchadas o grupos primarios -por no decir familia -se identifican porque las relaciones personales son cara a cara; y a un nivel íntimo. En estos grupos se desarrollan normas y roles. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un control no institucionalizado, pero no por ello menos eficaz.
Este control es ejercido de manera latente. Cuando un miembro irrita o molesta a otro, éstos pueden mostrar su desaprobación por medio del ridículo, risa, critica, ostracismo y agresión física.
La estructura física y organizacional del Sistema Penitenciario restringe la cantidad de roles en una Sociedad libre a los factibles en un grupo operativo primario; un n° restringido ligado por constantes de espacio y tiempo y articulados de forma implícita o explícita a una tarea(continuará)

El Fin de la Pena VI

La expansión urbana y económica de finales del siglo XIX y su consecuente explosión demográfica derivó en un pronunciado aumento en la cantidad de delitos y en la necesidad de construir un espacio más amplio para albergar en mejores condiciones (de seguridad) a la cada vez mayor población penada.
Una nueva penitenciaría se construyó en las actuales calles Chile y Sarmiento, donde hoy se ubica un Gran Hotel junto al teatro independencia. Esta nueva cárcel funcionó -como gran parte de los edificios de la ciudad- hasta el terremoto de 1861.
La prisión sirvió de base para el proyecto de la actual penitenciaría y para otras en el país, ya que fue la primer cárcel en el país construida según el esquema panóptico en su variante radial.
En 1887 se dictó las ley que ordenaba la construcción de la nueva penitenciaría. Durante la gobernación de Don Emilio Civit se decidió la construcción una nueva cárcel en terrenos que pertenecen a la Dirección de Parques de la Provincia.
Nuestros antepasados buscaban hacer la mejor cárcel de la región; con agua potable y energía eléctrica. Por eso, para bajar costos y sumar servicios, eligieron un predio cercano a los depósitos de agua del Parque General San Martín y del entonces Hospital Provincial (hoy Fundación Eureka) que también estaba en construcción.
Se empezó a mover el suelo en 1894 con la obra a cargo del arquitecto Pedro Sancio. La cárcel se terminó de construir en 1905 y ese mismo año se inauguró. Hubo una gran fiesta y los funcionarios le sonrieron a la prensa.
Fue considerada en su época un ejemplo de seguridad penitenciaria por su gran muro perimetral. Se aplicó un sistema radial celular basado en el panóptico de Jeremías Bentham. Se inauguraron ocho pabellones, que con los años se elevaron a dieciséis.
Es una lástima y una deshonra para nuestra comunidad que aquello con que tanto esfuerzo y sensatez construyeron los probos funcionarios de aquél entonces sea hoy un objeto de aplicación de medidas cautelares de los Tribunales Internacionales.
La República Argentina no ha quedado al margen del crecimiento de la población carcelaria de los países centrales. La tendencia decreciente en la población carcelaria durante la primera parte de los '70 terminó como una "curva en forma de U": hacia el fin de la década, la disminución se había anulado. Y durante la década de los '80, las cifras se dispararon. Esto continuó en los '90, dándole al mundo occidental un récord absoluto en términos de población carcelaria. Entre 1979 y 1993 las cifras en EE.UU. incrementaron de 230 a 532 por 100.000; las cifras canadienses, de 100 a 125; las británicas, de 85 a 95; las noruegas, de 44 a 62, las holandesas, de 23 a 52, y así en más.
La cantidad de procesados respecto de los penados es representativo de las dificultades operativas que padecen muchos poderes judiciales en nuestro país. Sin duda la lentitud de los procesos y la crisis económica general repercuten en la concentración de procesos en relación a las sentencias.
La superpoblación carcelaria afecta considerablemente los tratamientos penitenciarios, ya que agudizan las consecuencias de la masificación y el hacinamiento mientras dificulta los abordajes terapéuticos y la educación.
Este desfasaje se debe tanto a la falta de inversión como al aumento de hechos delictivos por sobre el crecimiento vegetativo de la población.
Con respecto a los programas de reinserción la ley 24.660 / 6513 establece que en el Sistema Penitenciario Provincial la educación debe ser obligatoria. Hasta el año 1997 existían aulas satelitales, es decir sin ningún lugar fijo. A partir de ese momento se instala de manera definitiva el Area Educativa, (casi una escuela) se crean módulos, aulas, la dirección del establecimiento, bandera con mástil y también talleres, destinados a actividades especiales que requieren otro espacio físico.
La Dirección General de Escuelas administra en el penal una escuela de educación primaria: el CEBA (Centro de Educación Básica para Adultos) n° 3-122, en la que se complementa la educación básica con talleres de cestería, carpintería, peluquería, ajedrez, informática, inglés y gimnasia, denominándose más específicamente "Area de Educación y Capacitación Laboral".
Existe además la posibilidad de que cada interno realice sus estudios de nivel medio a través de un bachillerato libre donde los alumnos estudian las asignaturas y se presentan ante su profesor para rendir exámenes de matemática, geografía, literatura, historia y química.
Existían algunos programas de tratamientos psicofisicos para internos del penal; Programa De Jovenes Adultos: creado para asistir a la población de entre 18 y 21 años; se capacita al personal penitenciario conjuntamente con docentes, profesionales de la División Psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales) y maestros de distintos talleres; Programa De Drogadependencia: consiste en terapias grupales, también se hacen tareas de prevención a nivel familiar de los internos; Programa Para Portadores Del Virus H.I.V.: se realiza un abordaje similar al programa de drogadependencia y Programa De Alcoholicos Anónimos: diseñado para penados que obtienen beneficios. (continuará)

El fin de la Pena (parte V)

La reforma del sistema de Seguridad Pública se inició casi por sorpresa horas antes de terminar el año 1998. El Dr. Arturo Lafalla, Gobernador Justicialista, el Dr. Carlos Balter, Diputado Nacional por los Demócratas y el Dr. José Genoud, Senador Nacional por el Radicalismo respaldaron sus principales medidas. La Ley que la consagraba, fue aprobada por ambas Cámaras sin demoras ni discusiones, inaugurando en nuestra provincia la experiencia de una política de Estado.
Para poner en marcha la Reforma de Seguridad Provincial, el Gobernador Lafalla confió en el Dr. Alejandro Cazabán; un joven abogado sanrafaelino que se desempañaba como Subsecretario de Gobierno en el Ministerio del mismo nombre y que tuvo una destacada actuación durante las tensas horas de negociaciones durante la revuelta y en la investigación del caso Bordón.
Por su parte, Cazabán integró su equipo nombrando en las Sub Secretarías de Seguridad y en Relaciones con la Comunidad a dos jóvenes dirigentes justicialistas que venían trabajando con él: el Dr. Lucio Chávez, abogado, quien venía de la Inspección general de Gobierno y al Sr. Mauricio Guzmán, que venía de su casa en Godoy Cruz. En la Subsecretaría de Justicia se designó al Dr. Alejandro Poquet; un abogado penalista.
Para la implementación del nuevo esquema de Seguridad se dictó una ley que le otorgaba al Gobierno posibilidades administrativas extraordinarias: dar de baja al personal policial que estuviera involucrado en causas penales o administrativas esgrimiendo la necesidad de facilitar el proceso de reforma.
El paso tuvo buena repercusión en todo el país, pero la purga y el descabezamiento de la fuerza teminaron marcando el tono de la experiencia, ya que se exoneró a una importante cantidad de policías, muchos de ellos con años de servicio, y sin duda marcó el ambiente en el que se desarrolló toda la gestión.
La Cárcel de Mendoza.
El Sistema Penitenciario, por su parte, vivía el mismo contexto político institucional que la Policía. Aunque con una diferencia importante, ya que la ley establecía la facultad de dar de baja al personal más conflictivo sólo en la Policía, pero no lo preveía en el Personal Penitenciario, que no experimentó modificaciones en su régimen laboral.
La falta de apoyo social a la institución, se sumaba al colapso estructural y la necesidad del Ejecutivo de iniciar la reforma penitenciaria de la provincia, algo que no ocurría desde que se inauguró el Penal de Boulogne Sur Mer en 1905.
El agrisado edificio parecía entonces, cumplir los requisitos para mantener la paz social. Ahora, este propósito no puede llevarse a cabo donde el hacinamiento y la violencia perfilan un entorno desesperanzador.
En 1999 la cárcel aún cicatrizaba una profunda crisis institucional generada a partir de la salida del comisario Rojas como Director del Penal después de un violento motín. Hacían ya dos años que la capacidad se había visto colapsada y la falta de inversión en infraestructura ubicó a Mendoza en el primer puesto en la tasa de sobre población carcelaria del país.
La historia penitenciaria de Mendoza se remonta a la época de la colonia, en la que las provincias usaban algunos sectores de sus cabildos como prisiones; éstos se encontraban a su vez frente a las plazas fundacionales de las mismas. Mendoza no era una excepción y esa plaza lleva hoy el nombre de su fundador: Pedro del Castillo.
(continuará)

El Fin de la Pena IV

Fotos: Sebastián Bordón y Hugo Gómez Romagnoli.
Una vez superado el conflicto, pasaron semanas hasta que la ciudadanía dejó atrás el asombro por lo vivido.
Todos hablaban de lo mismo, con el correr de los días, la rebelión policial se parecía a una película.
La imagen de los policías sublevados y la gendarmería custodiando las calles en un marco de inseguridad inédita, marcó a fuego a un importante sector de la dirigencia política, sobre todo al Gobierno Provincial, que vivió las horas más tensas de su gestión.
La problemática de la Seguridad se había instalado con fuerza en la conciencia de la gente, para no dejarla nunca más.
Dejó las páginas policiales para ocupar las primeras planas de los diarios y la atención de los principales dirigentes de la provincia.
Por primera vez los políticos sintieron que debían hacer algo para resolver tan complejo problema, para que esa asonada no volviera a producirse nunca más y a la vez disminuir la cantidad de delitos y la sensación de inseguridad.
La secuela más importante que dejó la rebelión en las fuerzas policiales fue el quebrantamiento de su línea de mando; significó también el fracaso de la estrategia política que todos los gobiernos habían sostenido desde el retorno de la democracia: Convivencia basada en la no intervención.
Las políticas públicas en materia de seguridad habían girado exclusivamente , hasta entonces, en torno del equipamiento, los salarios y la modernización operativa de la agencia policial.
Pero la rebelión había roto el status quo al quebrantarse la confianza entre la clase política y la oficialidad superior, y entre éstos y los cuadros medios. En instituciones basadas en la jerarquía esto es muy negativo.
Los cuadros superiores tenían problemas para sostener su autoridad frente a sus subordinados, que se identificaban con un espíritu de cuerpo fogoneado en la lucha sectorial y al que le asignaban mayor legitimidad que a las jerarquías institucionales.
La sociedad toda se vio obligada a asumir un nuevo protagonismo respecto a la Seguridad Pública, cuya estrategia, perfil institucional y de recursos humanos se habían mantenido inmóviles durante 100 años dentro de la misma cultura.
La visión de seguridad apoyada exclusivamente en la operatividad de la fuerza, niega la complejidad del fenómeno (sólo ve Ley vs Delito), aislándolo de su contexto social y económico.
Hoy, quienes trabajan el tema con seriedad, buscan ampliar esa visión; el estudio de la seguridad pública se nutre con el aporte de otras ramas del conocimiento social.
La Policía fue perdiendo imagen frente a la Sociedad a través de los años. Hacía tiempo que se denunciaban a funcionarios policiales por apremios ilegales y desaparición de personas, inadmisible en el marco de un sistema democrático.
Tragedias como las de Sebastián Bordón y Hugo Gómez Romagnoli despertaron el reclamo social y abonó el consenso necesario en Mendoza para desarrollar una política de Estado basada en el acuerdo de las tres principales fuerzas políticas para transformar la estructura de seguridad Pública.
Mientras tanto, el Sistema Penitenciario se encontraba (y aún lo está) saturado en su capacidad; con 1.400 internos en una Prisión construida en el año 1905 y que si bien se le han hecho modificaciones a lo largo del siglo, sólo tenía capacidad para albergar a 620 internos en 1998.
Así, a finales de 1998 el camino estaba despejado para la primer experiencia de Concertación de Políticas de Estado.
Su nuevo carácter de Política de Estado excluyó a la Seguridad Pública de la agenda de propuestas electorales para las elecciones generales de 1999.
El proceso de reforma se inició casi por sorpresa (para nosotros los ciudadnos de a pie) horas antes de terminar el año 1998. El Dr. Arturo Lafalla, Gobernador Justicialista, el Dr. Carlos Balter, Diputado Nacional por los Demócratas y el Dr. José Genoud, Senador Nacional por la UCR respaldaron la reforma y la Ley que la consagraba.
Fue aprobada por ambas Cámaras sin demoras ni discusiones, inaugurando la experiencia de una política de Estado.
Se creó un Ministerio de Justicia y Seguridad con un esquema similar similar al que se desarrollaba en la Provincia de Buenos Aires conducida por el Dr. León Arslanian.
Este Ministerio contaría a su vez con tres Subsecretarías; la de Seguridad, que se encargaría de todos los policías en función preventiva: Infantería, Grupos Especiales, la Policía Vial y el Registro de Armas; la Subsecretaría de Justicia, que tendría a su cargo la Policía de Investigaciones, el Sistema Penitenciario y la relación con el Poder Judicial; y la nueva Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad que se encargaría de coordinar la participación comunitaria en el nuevo esquema de trabajo.
(continuará)

El Fin de la Pena (parte III)

La Rebelión Policial del 98.

Ese domingo 18 de octubre a la noche Héctor “Tito” Castillo, de 36 años y padre de tres niños, quien llevaba nueve años de policía, se encontraba realizando un control de rutina en una esquina del Barrio Trapiche de Godoy Cruz. No tenía chaleco antibalas. Cuenta la crónica que a las 22:15 divisó un Ford Fiesta azul metalizado que tenía pedido de captura por haber sido robado esa mañana en Palmira.
Fue cuando se acercó a la ventanilla para verificar la documentación que Francisco Bulacio, sin mediar palabra le asestó una mortal puñalada por la espalda que perforó su pulmón izquierdo y el corazón. Falleció camino al hospital.
Demasiados policías morían en corto tiempo; el profundo dolor que produjo este cruento asesinato se fue transformando en rabia a medida que transcurrían las horas.
Durante el recorrido que el cortejo fúnebre realizó desde la Jefatura de Policía hasta el cementerio metropolitano recibió el fervoroso apoyo de la sociedad, que con aplausos manifestaba el dolor y la impotencia por la pérdida de otro inocente en un año signado por una creciente sensación de inseguridad (le suena??).
Las circunstancias del hecho pusieron de manifiesto las duras condiciones de trabajo de las fuerzas del orden:
1 uniforme cada dos años, obligados a comprar sus propias municiones a causa de la burocracia estatal, salarios de $400 y una deficiente distribución horaria en las jornadas laborales.
Todo indicaba que era una tarde oportuna para rebelarse; la tarde del lunes 19 de octubre. El ataúd de Héctor Castillo llegó al Cementerio de la Capital; una hora y cuarto después de haber iniciado su recorrido, en un ambiente de excitación.
Durante las exequias muchos compañeros de Héctor “Tito”[1] Castillo hicieron “catarsis completa con crisis de nervios” mientras que otros entraron en un cuadro combinado de “ansiedad, angustia y depresión” frente a “la impotencia y la bronca” que les provocaba esta muerte tan injusta, tan innecesaria, tan evitable. La suerte ya estaba echada.
El sepelio nunca terminó, del Cementerio se convocaron en la Legislatura y al anochecer le entregaban al Ministro de Gobierno un petitorio de 13 puntos en el que se combinaban reclamos sectoriales con la implementación de una determinada forma de administrar el servicio de seguridad.
Frente a la urgencia de un petitorio que justificase una actitud de desobediencia total, los uniformados realizaron un extenso listado que incluía propuestas de quienes se encontraban frente a la Legislatura, muchas de las cuales tenían desarrollo previo. Sobre todo aquellas que se referían a los aspectos operativos de la fuerza.
El espíritu estaba alto, todos sostenían la firme promesa de no entregar las armas y permanecer frente a las puertas de la Legislatura Provincial hasta que la totalidad de los requerimientos fueran satisfechos. Algo nunca visto.
El petitorio entregado reclamaba una reforma al Código Procesal Penal (apuntando a disminuir la edad de inimputabilidad y endurecer las condiciones de excarcelación), reformas a la Ley de personal policial, mejor equipamiento, aumento salarial, jornadas laborales de 8 por 24 hs. y la supresión de parte de tareas asignadas, como custodia de bancos. La eliminación de paradas, de las custodias personales y la incorporación de 500 efectivos más. A estos requerimientos se sumaban otros como la conservación del estado policial durante los procesamientos penales y una inversión de $6 millones en equipamiento.
Bien entrada la madrugada del martes 20, un desvelado Ministro de Gobierno se comprometía, en la puerta del Palacio de las Leyes, a acelerar la reforma del Código Procesal Penal y la Ley 4747 (de personal policial) y un desembolso de 1,5 millones de pesos (dólares) para financiar un aumento del sueldo del personal subalterno.
A pesar de la creciente demanda social de seguridad el Gobierno se mostraba dispuesto a legitimar gran parte de los reclamos policiales; incluso ofrecía poner en estudio, junto al personal y la cúpula policial, una reducción del horario de trabajo, modificaciones en la estructura institucional, eliminar las custodias a políticos, cancelar la deuda pública por servicios extraordinarios y un plan de viviendas para el personal. La oferta era realmente buena, pero la historia recién comenzaba...
¡No le creemos!, resumió a uno de los 200 rebeldes que habían llegado marchando esposados entre sí esa tarde a la Legislatura, para explicar la reacción de los manifestantes que, al término de la alocución del Ministro, le dieron la espalda al grito de “la poli no se va, la poli no se va, no se va, la poli no se va”. Los policías insurrectos se sentían respaldados por los taxistas, que trasladaron desde las comisarías a muchos agentes, y por los penitenciarios, que habían convocado al personal de franco con el objeto de iniciar un acuartelamiento.
El apoyo promovió el redoble de la apuesta exigiendo un decreto firmado y la presencia en la Legislatura del propio Gobernador Dr. Arturo Lafalla.
El Gobierno buscó frenar a los sublevados con un decreto que contenía una especie de perdón administrativo a los efectivos procesados por la Justicia, un pago adicional para los policías expuestos a mayores riesgos, un acercamiento gradual a un régimen laboral de 8 hs. de trabajo por 24 de descanso y suficiente cantidad de chalecos antibalas. Sin embargo, el decreto firmado por el gobernador no alcanzó y fue rechazado al ser considerado incompleto por los rebeldes.
Con el tiempo que llevaba la rebelión, y frente a la férrea posición asumida por los casi 500 policías insubordinados y con las comisarías desiertas, el Gobierno acudió al auxilio de la Gendarmería Nacional, que en un total de 600 hombres con equipos y movilidad llegaron a la provincia para garantizar la seguridad de bancos y escuelas.
El miércoles 21 de octubre fue un día de verdadero caos, con saqueos que acarrearon una incontenible sensación de inseguridad.
Esa misma noche comenzaron a correr rumores acerca de una posible toma de la Legislatura y que el conflicto estallaría también en la Penitenciaría. En ese contexto y después de haber rechazado en 4 oportunidades una propuesta de recomposición salarial del 20% y el compromiso de no sancionar a los efectivos que se habían sumado a la rebelión...
El Gobierno cambió de actitud y los intimó a deponer su actitud antes de las 8:00hs del Jueves, so pena de exoneración y ser llevados a la Justicia por una cantidad de delitos tan larga que no vale la pena enumerar.
Finalmente, lo que empezó como una gesta de dolor por la muerte del agente Castillo, se fue apocando. El tiempo y el cansancio de hicieron sentir y la rebelión se fue reduciendo a un reclamo salarial. Atrás quedaron los reclamos por mejor equipamiento y condiciones laborales.
En esos días se discutía también dónde podría ubicarse la futura Penitenciaría; nadie la quería en su municipio; ésa era la discusión.
Los agentes regresaban a sus puestos y antes del mediodía todo volvía a la normalidad. Los policías retomaron su trabajo con sabor mitad amargo por no haber podido obtener beneficios sectoriales y mitad a gesta porque se habían hecho escuchar como nunca nadie lo hizo antes en la historia provincial reciente.

[1] Apodo con el que era conocido el Agente Héctor Castillo.

El Fin de la Pena (parte 2)

Dr. Elías Neuman "La Sociedad Carcelaria"

Evolución de los valores y principios rectores de las políticas de regulación del delito.
La manera en que una Sociedad resuelve los desafíos de la inseguridad y la reinserción tiene su raíz en los valores antes que las ideologías. Estos aportan un principio de orden a la conducta humana, son fruto de nuestros pensamientos y se manifiestan en distintos órdenes de la vida. Los valores se ubican por encima de las opiniones, totalizándolas, y otorgándoles coherencia.
A comienzos del siglo XVIII la mayoría de las penas que castigaban los delitos eran físicas y se ejecutaban públicamente. Gran parte de los delitos se castigaban con la muerte. La voluntad de amedrentar a los condenados hizo que abundasen las torturas, muchas veces cargadas de contenido simbólico, y que el castigo continuase en el cuerpo sin vida del reo, extendiendo sus cenizas por los caminos o dejándolo expuesto hasta su descomposición.
El suplicio anticipaba los sufrimientos del Purgatorio, lo que justificaba el uso de la tortura para arrancar la confesión del malhechor renuente. A menudo se entremezclaban las ideas de delito y de pecado, tanto en el discurso de los juristas como en los sistemas legales.
La prisión ocupaba una posición marginal dentro de la práctica penitenciaria. Servía para ´guardar´ los reos a la espera del juicio.
Cuando el conocimiento amplía nuestros horizontes también pueden cambiar nuestros valores; y así ocurrió a partir de dramáticos cambios de ideas y conceptos que se produjeron en el campo científico a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX y que dieron lugar a un paradigma social desde el cual la problemática carcelaria adquiere otra fisonomía, una visión sistémica amparada en los valores emergentes de las nueva ciencia.
La trama de elementos que atraviesan los Sistemas Penitenciarios se expresan también en la evolución de su escenario legal. Este campo se ha modificado más que ningún otro; anticipando los cambios que se avecinan en la gestión política penitenciaria.
La crisis de la rehabilitación como objetivo social de las cárceles generó un movimiento legal a nivel mundial que distingue derechos sobre los presos de manera tal de minimizar los efectos perniciosos del encierro.
Los derechos básicos de los presos están incluidos en leyes y normas internacionales. Muchos Estados en cada región del mundo han firmado y ratificado tratados internacionales, convenciones, pactos y reglas que confirman estos derechos.
Entre los más importantes se encuentran la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estos derechos incluyen:
· Derecho a la vida y a la seguridad de la persona.
· Derecho a no ser torturado o maltratado.
· Derecho a la salud.
· Derecho al respeto a la dignidad humana.
· Derecho a un juicio justo.
· Derecho a no ser discriminado.
· Derecho a no ser sometido a esclavitud.
· Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y culto.
· Derecho al respeto de la vida familiar.
· Derecho al desarrollo personal.

En Argentina esta evolución se inicia 1995. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en marcha por decreto un programa de reformas que se llamó Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional y el Tratamiento Penitenciario.
En este marco fue promulgada la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que fue en julio de 1996 (Ley Nº24.660). El marco jurídico de Mendoza está determinado por la adhesión provincial a esta ley (ley 6.513).
La nueva norma pasó a retiro la antigua ley provincial 3.777 (estatuto del personal penitenciario provincial), cuyo primer artículo expresa el sentido que la Sociedad otorgaba a la cárcel"...la custodia y guarda de los detenidos, procesados, sujetos a la prisión preventiva y a cuyo cargo está: la ejecución de las sanciones penales privativas y restrictivas de la libertad, sirviendo de esta manera a la administración del orden público y social"
La ley 24660 plantea un objetivo social actualizado a los valores que sostienen las Sociedades Desarrolladas; al dotar en su artículo 1º de finalidad a la Pena Privativa de la Libertad le otorga al Sistema un rumbo definido; la asimilación por parte del penado del conocimiento y las habilidades necesarias para la convivencia social, y al establecer el régimen progresivo de la pena, introduce la noción de proceso.
El efectivo cumplimiento de la ley, en su norma y espíritu no es tarea fácil. La metodología de trabajo que establece la ley obliga a cambiar 100 años de cultura punitiva basada en el control del espacio y el tiempo, sin orientación rehabilitadora.
El personal penitenciario, a lo largo del siglo XX, se ha formado dentro de un paradigma castrense, volcados hacia el control y las jerarquías. Con grados y escalafones vinculados a las funciones operativas similares a las fuerzas de seguridad, pero con otro nombre: Prefecto, Alcaide, Subprefecto, Adjutor..
Desde la formación se toma al interno como una hipótesis de conflicto más que como sujeto de Derecho y Rehabilitación. Esta noción condiciona el vínculo de los agentes con la población penada, para toda su carrera.
Si para capacitar al personal se ensayan mecanismos para que la gente se entienda, aprenderán a convivir, pero si se realizan simulacros de motines y conflictos, se los predispone a la violencia. El único recurso humano perfilado para contención y análisis en el Sistema penitenciario es el personal profesional que opera en las divisiones Psicosocial, Trabajo o Educación, provenientes de otras disciplinas como Psicología, Trabajo Social y distintos oficios.
En los últimos años ha aumentado la criminalidad en nuestra Provincia, en algunas jurisdicciones más que en otras. Nuestra población siente miedo y se moviliza a partir de un marcado incremento de los llamados "delitos callejeros" o "predatorios": delitos contra la propiedad como hurtos y robos (acompañados de violencia) y delitos contra las personas como lesiones.
La gran mayoría de estos delitos se desarrollan en los espacios públicos; siendo sus habituales víctimas, como sus autores provenientes de los sectores sociales de menores recursos económicos y sociales.
Aunque, para ser honestos, hay que decir que el crecimiento del delito "predatorio" no ha inhibido el desarrollo de otros tipos de delitos. "Delitos de "cuello blanco"; criminalidad económica, corrupción política. Estos se desarrollan en espacios semi públicos o privados y son producidos por sujetos de alta capacidad económica. Estos delitos representan la "criminalidad sumergida". Además de la importancia que poseen por su propia entidad, se encuentran fuertemente vinculados con los delitos callejeros, ya que buena parte de éstos se apoyan en una red de delitos de "cuello blanco", que dan origen y reproducen la llamada "economía ilegal".
El aumento de la cantidad de hechos delictivos (inseguridad objetiva) ha desencadenado otro proceso social en nuestra Provincia: el de la sensación de inseguridad (inseguridad subjetiva) que se manifiesta -entre otras cosas-en una creciente demanda hacia las autoridades. Producto de una necesidad insatisfecha, refleja una actitud crítica a las instituciones del sistema penal y aumento de la desconfianza pública por su falta de eficiencia para cumplir con sus objetivos.
La recurrencia de delitos aberrantes cometidos contra víctimas inocentes perturban a diario nuestra conciencia y colocan a la sociedad en estado deliberativo sobre como controlar la situación. Y en cada mesa de debate se ponen a prueba nuestros valores.
Sin pretensiones de verdad absoluta le propongo al Compañero lector un viaje a través del tiempo para observar las circunstancias en las que se orientó nuestro Sistema Penitenciario hacia el cumplimiento de la Ley inspirándonos en los valores de la Justicia Social.
Crónica de una Reforma Anunciada
Los políticos mendocinos no merecen vivir en una ciudad tan violenta. Ellos son pacíficos; sin caudillos hegemónicos, nuestros dirigentes cultivan un perfil concertador y manifiestan un nivel de convivencia superior a la media nacional. Prefieren negar los problemas antes que enfrentarlos.
Negación; esa es la palabra que resume la política de seguridad pública desde 1983 hasta "ese día" en que los mecanismos de negación que mantuvieron oculta la grave crisis en el Sistema de Seguridad Pública saltaron por los aires.
Todo comenzó en octubre del 98; al día siguiente de la transitoria detención de Pinochet en Londres. Por entonces el candidato del Partido Demócrata, Carlos Balter figuraba 1º en las encuestas para gobernador y Eduardo Duhalde, entonces el gobernador de Buenos Aires, era quien llenaba la Plaza de Mayo en un nuevo día de la Lealtad. Mientras ocurría esto, algo realmente grave se gestaba en Mendoza. (continuará)

EL FIN DE LA PENA (parte 1)

"La ley es telaraña,

y en mi ignorancia lo explico

no la tema el hombre rico

nunca la tema el que mande

pues la rompe el bicho grande

y sólo enreda a los chicos"

Martín Fierro

Cada vez que la desgracia golpea a los mendocinos nos transformamos en especialistas en Seguridad, como en cada mundial somos todos técnicos. Intermitentemente Mendoza debate "Seguridad", englobando en esa palabra nuestras impresiones sobre la violencia, el delito, la marginalidad, las armas, el espacio público y el Sistema Penal.
Cada debate público, aún parcial y específico llevan implícito un proyecto de Sociedad integral. Así como decisiones técnico financieras pueden afectar el valor de una moneda y cambiar el horizonte de inversiones y empleo en un país; cuando se discute la forma de resolver el problema de la violencia y el delito también afectamos las bases de la convivencia social que fundan el Sistema Democrático.
En este punto, las políticas penitenciarias cobran una importancia fundamental; ya que las cárceles constituyen el ámbito donde el Estado ejerce su máximo nivel de potestad sobre la vida de los ciudadanos. Los presos están bajo su total resguardo.
Además de establecer el domicilio de los internos se administra su ubicación espacial y se manejan sus tiempos personales en la duración de su pena o proceso. La privación de la libertad otorga al Estado la responsabilidad de administrar todos los dominios de existencia de los contenidos; su alimentación, su economía, su vida familiar y sexual, su salud, su esparcimiento, su educación, y muchas veces su muerte. Todo. Por eso las políticas penitenciarias son una visión en escala de las políticas sociales.
El trato que reciben los presos no representa exclusivamente al personal penitenciario, sino que describe a toda la sociedad y marca los valores con los cuales se sostiene la colectividad. El objeto de nuestra militancia es que la paz se construya desde la inclusión y la lucha frontal contra la miseria, que no es lo mismo que buscar la seguridad criminalizando la pobreza.
Esta idea ya convoca a militantes de todo el mundo. Hoy Paz significa algo más que la ausencia de guerra y de conflicto. Es un concepto dinámico que debe considerarse en términos positivos: la existencia de seguridad y justicia social, la posibilidad de que los seres humanos tengan las mismas oportunidades, realicen plenamente sus posibilidades y gocen del derecho a una vida digna.
VIGILAR Y CASTIGAR.
Las cárceles nacieron hace unos doscientos años, para sustituir castigos más crueles. En este sentido, son una institución típica de la Modernidad, cuyos afanes de progreso pretende encarnar. En concreto: castigar el delito sin destruir a su autor. Pero, incluso en este contexto progresista, el centro penitenciario era y es visto como un mal, por cuya eliminación hay que seguir trabajando, como se trabajó por erradicar la tuberculosis o como se lo hace con el cáncer.
Quedan muchas preguntas abiertas acerca de la eficacia del encierro como herramienta para pacificar la sociedad. La prisión, tal como está estructurada en general, funciona como un depósito de seres despersonalizados. Esta característica destruye los valores más ricos de la persona humana y se convierte en enclave de alienación.
Que la sociedad sea solidaria y comprenda al preso o penado, aceptando que ella también tiene parte en la génesis de la criminalidad es un paso hacia importantes cambios sociales. Cuando la sociedad aporta al preso y su familia las ayudas necesarias para su progresiva inclusión ciudadana, librándolo de circunstancias familiares esclavizantes, o despertándole expectativas de superación, demuestra una comprensión integral del problema.
LA VISIÓN SISTÉMICA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO.
Las cárceles no son sistemas aislados, sino que intercambian energía, materia e información con el mundo. Las personas que viven en las prisiones son; además de sujetos de derecho, el resultado de un proceso biológico que integra a su vez patrones físicos y químicos.
Este enfoque es altamente explicativo y permite acercarnos a políticas alternativas a las que tradicionalmente emanan del paradigma normativo y criminológico.
Algunas formas naturales son sistemas abiertos, están implicados en un constante intercambio de energía con el medio. Una semilla, un ser vivo, son todos sistemas abiertos. También hay sistemas abiertos fabricados por el hombre, el Sistema Penitenciario y las empresas son ejemplos de esto.
Las sociedades humanas son sistemas atravesados por flujos energéticos e información procedentes del exterior -de la naturaleza y, en particular, de la propia naturaleza humana. La visión sistémica del sistema penitenciario se basa en su estructura y funcionamiento propios de los sistemas vivos. No sólo por la agregación de personas vivas que los constituyen, sino porque adquiere características propias y fenómenos emergentes producto de la interacción de sus componentes.
SELECTIVIDAD PENAL Y READAPTACION SOCIAL
Los presos pertenecen a un grupo social desasistido de recursos para enfrentar las situaciones que se les presentan: mas del 50% de la población reclusa es analfabeta absoluta o funcional. Entre el 80% y el 90% ha abandonado sus estudios entre los trece y los diecisiete años. Sólo el 2% ha seguido un proceso de educación regular, mientras que el 75% no tiene ninguna calificación profesional.
El espacio social que ocupan los presos en la Argentina es similar en su posición a la de la casi totalidad de los países occidentales; el español Miguel Hernández describe así la población penada de la península ibérica:..."En su mayoría, los presos proceden de familias con procesos de desvinculación, donde se aprecian carencias de afectividad. Por lo general ha habido ausencia de figura materna o paterna, y la autoridad familiar no ha sido ejercida satisfactoriamente, provocando situaciones conflictivas. Son familias sin trabajo, con pocas aspiraciones, que luchan por la supervivencia diaria. Ocupan (cuando tienen la suerte de poder ocuparlas) viviendas reducidas, con escasez de servicios y de espacios personales, ubicadas en el casco antiguo de las ciudades o en los suburbios, donde hay una notable deficiencia y carencia de servicios de todo tipo".
Existe un patrón que selecciona a la población penada como un mecanismo de defensa de un sistema social excluyente. Las poblaciones penadas provienen de los sectores menos pudientes de las comunidades. Un elemento distintivo de la población penada es tener todas sus necesidades sin satisfacer desde hace mucho; quizás dos o tres generaciones.
La lucha diaria por la subsistencia los ubica en la mínima condición humana. Son altamente dependientes y el entorno social se les manifiesta hostil.
Los delitos cometidos por personas de baja instrucción son toscos, groseros y fácilmente identificables para el sistema penal mientras que hay una infinita gama de actitudes perversas que escapan por su sutileza a las figuras del código, permitiéndoles a las personas mejor calificadas intelectualmente evitar la judicialización de sus conductas o las mismas condenas.
El desarrollo de las habilidades de la mente facilita el control de la conducta, lo que previene al hombre de cometer excesos y compatibiliza con el cumplimiento de las leyes de convivencia.
El mínimo consenso que existe sobre la utilidad de las cárceles se basa en la idea de Readaptar o resocializar al preso. Esta idea tiene su origen en el deseo de transformar al preso en un operario industrial. Hoy ni siquiera eso. Readaptar o resocializar implicaría la creencia de que los reclusos alguna vez estuvieron adaptados y/o socializados. La idea de resocializar implica también reubicar al preso en su medio, que es, precisamente, el que lo forjó delincuente.
Esta paradoja se advierte también en el caso de los delincuentes de cuello blanco. A nadie se le ocurriría aplicarle los parámetros del tratamiento penitenciario con la idea de readaptarlo (para el caso de que cayera preso). El delincuente económico tiene un grado de sociabilización que incluye una formación educativa que supera a la de la mayoría. ¿Cómo y para qué readaptarlo si además no existe conciencia de rechazo social - sino mas bien admiración- a su persona y a los bienes que ostenta...?
A la cárcel no va cualquier delincuente; sólo aquellos mal vivientes "fracasados", los que han cometido faltas grotescas, los que han dejado rastros, los que han sido atrapados por la justicia.
ENCIERRO Y LIBERTAD.
Está demostrado por diversos estudios que las personas asimilan los valores y la cultura del ámbito en el que se desenvuelven; no lo hacen a partir de lecturas o discursos encendidos. En definitiva, somos lo que hacemos.
Cuando una persona es detenida para un proceso, se inicia una cadena de apropiaciones por parte del Estado. Una de las primeras pérdidas que produce la prisión es la posibilidad de resarcimiento entre los involucrados: ofensor y víctima. Nils Christie lo describe así ... "el delincuente ha perdido la oportunidad de explicarse frente a alguien cuyo juicio podía haber sido importante. Ha perdido, de este modo, una de las posibilidades más importantes -para ser perdonado"
La vida en la cárcel conlleva penalidades añadidas a la privación de la libertad pretendida por la Ley. La prisión produce consecuencias negativas y traumáticas, sobre la vida personal, familiar y social del interno.
La prisión se ha constituido en un lugar para estar mal, para sufrir y se identifica con el concepto de contención, segregación y depósito de personas, acusados o condenados. Desde el punto de vista psicológico la permanencia en la cárcel origina una mutación del "yo", motivada por la separación del desempeño de los roles sociales, e impide el desarrollo de la vida afectiva, limitándola hasta la atrofia.
Se aprecia en el sujeto una regresión en el modo de vida, que más tarde le incapacitará para adaptarse a la vida en libertad, a sostener sus vínculos. El preso vive inseguro, pendiente de decisiones que otros tomarán respecto de su persona.
Todo esto va generando y acumulando agresividad, dureza de sentimientos y sensación de abandono. El verse castigado y rechazado por su sociedad y por los suyos, hace que muchos pierdan la confianza en las personas y en las instituciones sociales.
FAMILIAS PRESAS
Los familiares de los presos han sido considerados en este contexto como una prolongación de éstos. Su vínculo con la institución penitenciaria ha sido de menor intensidad, pero similar en cuanto a la estructura de relación que mantienen con los contenidos.
La ley 24660 (6513 prov) aborda los vínculos del penado en su artículo 158 y establece la comunicación con familiares, amigos, allegados e instituciones como un derecho y así también la privacidad de los mismos.
Para el interno, sus familiares son su mundo exterior, su contención afectiva; la principal preocupación de su vida, junto a su causa penal. Por eso se cuida la paz durante la visita de los familiares. Sólo en los últimos tiempos; y como consecuencia de la extensión del consumo de drogas se registran problemas de violencia dentro de este ámbito de convivencia familiar.
Por su parte, para la familia es muy difícil transitar la experiencia de un preso "en casa", quien muchas veces es el principal sostén del hogar. Desde el punto de vista social y económico tener un esposo, un hijo o un padre preso tiene para el grupo consecuencias más gravosas aún que la muerte del mismo. A la ausencia de la persona y su aporte económico hay que agregarle los costos de abogados, la estigmatización social y el incierto destino al que se ven sometidos los familiares, sobre todo los dependientes, que ni siquiera cuentan con la solidaridad de su medio, que los rechaza.
En cualquier caso, la prisión de una persona representa la degradación social propia y de su familia. El ingreso en la prisión viene acompañado por la pérdida del trabajo (cuando se lo tiene) y de la vivienda. Este empobrecimiento material afecta también a la familia y, recíprocamente, afloja los lazos y debilita las relaciones afectivas con los allegados (separación de la compañera o esposa, "colocación" de los hijos, distanciamiento de los amigos, etc).
El sociólogo francés Loic Wacquant dice al respecto: la prisión exporta su pobreza al desestabilizar constantemente a las familias y los barrios sometidos a su tropismo. De modo que el tratamiento carcelario de la miseria (re)produce sin cesar las condiciones de su propia extensión: cuanto mas se encierra a los pobres, mas certeza tienen éstos -si no hay por otra parte algún cambio de circunstancias- de seguir siéndolo duraderamente y, en consecuencia, más se ofrecen como blanco cómodo de la política de criminalización de la miseria. La gestión penal de la inseguridad social se alimenta así de su propio fracaso programado".
Las cárceles se nutren y renuevan su población (en una importante proporción) a través de los mismos familiares de los presos.
Las políticas públicas orientadas alos familiares enriquecen el tratamiento de reinserción social de los reclusos y representa una acción directa de la prevención de delitos.
Las circunstancias y efectos del encierro repercuten tanto en los presos como en sus familiares. Ambos cumplen una pena. Ambos están condenados. Ambos constituyen ahora la Población Penada.
Agrupar y asistir a los familiares de los presos posibilita el desarrollo de programas de prevención de adicciones, alcoholismo y violencia familiar donde más se los necesita. Transforma en parte la tragedia del delito y la prisión en una oportunidad de cambio.
PERSONAL PENITENCIARIO
Las historias cotidianas de los guardiacárceles permiten comprender hasta qué punto ellos también están presos y forman parte de la población penada. La cantidad de horas que transcurren en el penal los deja conviviendo con el encierro mucho tiempo, los introduce en un mundo artificial del que no se vuelve fácilmente cuando transcurren muchos años de exposición.
La labor penitenciaria es más patógena incluso que la de un manicomio; porque quien trabaja en un psiquiátrico sabe que está frente a enfermos y la mente produce entonces sus mecanismos de defensa, pero en las cárceles no se produce esta distinción, dejando al agente muy vulnerable y sensible al medio.
Es difícil para el personal distinguir a los internos como objeto de rehabilitación, con una óptica terapéutica. El criterio de trabajo siempre gira en torno de la seguridad. En Argentina el servicio penitenciario constituye una fuerza de tipo policial, con oficialidad y tropa, leyes orgánicas, reglamentos, estatutos y vestimenta castrense, casinos de oficiales y suboficiales, etc. La vocación de carcelero no se adquiere en la infancia; suele surgir en la adultez como una de las últimas soluciones al desempleo y raramente se relaciona con los valores de honestidad, entrega y readaptación social del delincuente según la ley.
Los agentes penitenciarios representan la manifestación física de la ley y deben ejercerla con rigor. La idea básica es la seguridad basada en la circulación restringida de internos. Cuanto menor sea el corretaje de personas, menor será la exposición del personal y las oportunidades para que se produzcan disturbios.
Se internaliza una actitud refractaria al aumento de actividad de los presos. Cada actividad que reralizan los internos fuera del pabellón constituye un trabajo extra; ya que obligan a confeccionar listados, reunir a la gente y trasladarla hacia el lugar previsto. Custodiar el orden durante la actividad y devolver cada interno a su pabellón, no sin antes haber realizado un nuevo recuento.
Los agentes penitenciarios realizan una de las tareas más duras y peligrosas. Son instrumentos, y por ende, víctimas de un sistema que los impele a ser victimarios, en nombre de uno de los controles penales.
Los agentes ven repetirse las mismas caras a lo largo de su carrera, por eso tienen expectativas negativas respecto de la reinserción de los internos justamente por ser testigos presénciales del 80 % de reincidencia que tiene el sistema penal. Esto explica la baja calidad motivacional de los agentes, quienes sienten la clase de ingrata tarea que se les encomienda, poco remunerada y hasta mal vista por la sociedad.
Sin embargo, y a pesar de tantos problemas, muchos penitenciarios recuerdan las buenas relaciones mantenidas con algunos internos, como si entendieran que a pesar de todo se encuentran aspectos positivos en los internos.
(continuará)

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