@elvis_ente

14 octubre, 2007

El Fin de la Pena IV




Fotos: Sebastián Bordón y Hugo Gómez Romagnoli.
Una vez superado el conflicto, pasaron semanas hasta que la ciudadanía dejó atrás el asombro por lo vivido.
Todos hablaban de lo mismo, con el correr de los días, la rebelión policial se parecía a una película.
La imagen de los policías sublevados y la gendarmería custodiando las calles en un marco de inseguridad inédita, marcó a fuego a un importante sector de la dirigencia política, sobre todo al Gobierno Provincial, que vivió las horas más tensas de su gestión.
La problemática de la Seguridad se había instalado con fuerza en la conciencia de la gente, para no dejarla nunca más.
Dejó las páginas policiales para ocupar las primeras planas de los diarios y la atención de los principales dirigentes de la provincia.
Por primera vez los políticos sintieron que debían hacer algo para resolver tan complejo problema, para que esa asonada no volviera a producirse nunca más y a la vez disminuir la cantidad de delitos y la sensación de inseguridad.
La secuela más importante que dejó la rebelión en las fuerzas policiales fue el quebrantamiento de su línea de mando; significó también el fracaso de la estrategia política que todos los gobiernos habían sostenido desde el retorno de la democracia: Convivencia basada en la no intervención.
Las políticas públicas en materia de seguridad habían girado exclusivamente , hasta entonces, en torno del equipamiento, los salarios y la modernización operativa de la agencia policial.
Pero la rebelión había roto el status quo al quebrantarse la confianza entre la clase política y la oficialidad superior, y entre éstos y los cuadros medios. En instituciones basadas en la jerarquía esto es muy negativo.
Los cuadros superiores tenían problemas para sostener su autoridad frente a sus subordinados, que se identificaban con un espíritu de cuerpo fogoneado en la lucha sectorial y al que le asignaban mayor legitimidad que a las jerarquías institucionales.
La sociedad toda se vio obligada a asumir un nuevo protagonismo respecto a la Seguridad Pública, cuya estrategia, perfil institucional y de recursos humanos se habían mantenido inmóviles durante 100 años dentro de la misma cultura.
La visión de seguridad apoyada exclusivamente en la operatividad de la fuerza, niega la complejidad del fenómeno (sólo ve Ley vs Delito), aislándolo de su contexto social y económico.
Hoy, quienes trabajan el tema con seriedad, buscan ampliar esa visión; el estudio de la seguridad pública se nutre con el aporte de otras ramas del conocimiento social.
La Policía fue perdiendo imagen frente a la Sociedad a través de los años. Hacía tiempo que se denunciaban a funcionarios policiales por apremios ilegales y desaparición de personas, inadmisible en el marco de un sistema democrático.
Tragedias como las de Sebastián Bordón y Hugo Gómez Romagnoli despertaron el reclamo social y abonó el consenso necesario en Mendoza para desarrollar una política de Estado basada en el acuerdo de las tres principales fuerzas políticas para transformar la estructura de seguridad Pública.
Mientras tanto, el Sistema Penitenciario se encontraba (y aún lo está) saturado en su capacidad; con 1.400 internos en una Prisión construida en el año 1905 y que si bien se le han hecho modificaciones a lo largo del siglo, sólo tenía capacidad para albergar a 620 internos en 1998.
Así, a finales de 1998 el camino estaba despejado para la primer experiencia de Concertación de Políticas de Estado.
Su nuevo carácter de Política de Estado excluyó a la Seguridad Pública de la agenda de propuestas electorales para las elecciones generales de 1999.
El proceso de reforma se inició casi por sorpresa (para nosotros los ciudadnos de a pie) horas antes de terminar el año 1998. El Dr. Arturo Lafalla, Gobernador Justicialista, el Dr. Carlos Balter, Diputado Nacional por los Demócratas y el Dr. José Genoud, Senador Nacional por la UCR respaldaron la reforma y la Ley que la consagraba.
Fue aprobada por ambas Cámaras sin demoras ni discusiones, inaugurando la experiencia de una política de Estado.
Se creó un Ministerio de Justicia y Seguridad con un esquema similar similar al que se desarrollaba en la Provincia de Buenos Aires conducida por el Dr. León Arslanian.
Este Ministerio contaría a su vez con tres Subsecretarías; la de Seguridad, que se encargaría de todos los policías en función preventiva: Infantería, Grupos Especiales, la Policía Vial y el Registro de Armas; la Subsecretaría de Justicia, que tendría a su cargo la Policía de Investigaciones, el Sistema Penitenciario y la relación con el Poder Judicial; y la nueva Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad que se encargaría de coordinar la participación comunitaria en el nuevo esquema de trabajo.
(continuará)

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