@elvis_ente

05 enero, 2008

El fin de la Pena (parte V)

La reforma del sistema de Seguridad Pública se inició casi por sorpresa horas antes de terminar el año 1998. El Dr. Arturo Lafalla, Gobernador Justicialista, el Dr. Carlos Balter, Diputado Nacional por los Demócratas y el Dr. José Genoud, Senador Nacional por el Radicalismo respaldaron sus principales medidas. La Ley que la consagraba, fue aprobada por ambas Cámaras sin demoras ni discusiones, inaugurando en nuestra provincia la experiencia de una política de Estado.
Para poner en marcha la Reforma de Seguridad Provincial, el Gobernador Lafalla confió en el Dr. Alejandro Cazabán; un joven abogado sanrafaelino que se desempañaba como Subsecretario de Gobierno en el Ministerio del mismo nombre y que tuvo una destacada actuación durante las tensas horas de negociaciones durante la revuelta y en la investigación del caso Bordón.
Por su parte, Cazabán integró su equipo nombrando en las Sub Secretarías de Seguridad y en Relaciones con la Comunidad a dos jóvenes dirigentes justicialistas que venían trabajando con él: el Dr. Lucio Chávez, abogado, quien venía de la Inspección general de Gobierno y al Sr. Mauricio Guzmán, que venía de su casa en Godoy Cruz. En la Subsecretaría de Justicia se designó al Dr. Alejandro Poquet; un abogado penalista.
Para la implementación del nuevo esquema de Seguridad se dictó una ley que le otorgaba al Gobierno posibilidades administrativas extraordinarias: dar de baja al personal policial que estuviera involucrado en causas penales o administrativas esgrimiendo la necesidad de facilitar el proceso de reforma.
El paso tuvo buena repercusión en todo el país, pero la purga y el descabezamiento de la fuerza teminaron marcando el tono de la experiencia, ya que se exoneró a una importante cantidad de policías, muchos de ellos con años de servicio, y sin duda marcó el ambiente en el que se desarrolló toda la gestión.
La Cárcel de Mendoza.
El Sistema Penitenciario, por su parte, vivía el mismo contexto político institucional que la Policía. Aunque con una diferencia importante, ya que la ley establecía la facultad de dar de baja al personal más conflictivo sólo en la Policía, pero no lo preveía en el Personal Penitenciario, que no experimentó modificaciones en su régimen laboral.
La falta de apoyo social a la institución, se sumaba al colapso estructural y la necesidad del Ejecutivo de iniciar la reforma penitenciaria de la provincia, algo que no ocurría desde que se inauguró el Penal de Boulogne Sur Mer en 1905.
El agrisado edificio parecía entonces, cumplir los requisitos para mantener la paz social. Ahora, este propósito no puede llevarse a cabo donde el hacinamiento y la violencia perfilan un entorno desesperanzador.
En 1999 la cárcel aún cicatrizaba una profunda crisis institucional generada a partir de la salida del comisario Rojas como Director del Penal después de un violento motín. Hacían ya dos años que la capacidad se había visto colapsada y la falta de inversión en infraestructura ubicó a Mendoza en el primer puesto en la tasa de sobre población carcelaria del país.
La historia penitenciaria de Mendoza se remonta a la época de la colonia, en la que las provincias usaban algunos sectores de sus cabildos como prisiones; éstos se encontraban a su vez frente a las plazas fundacionales de las mismas. Mendoza no era una excepción y esa plaza lleva hoy el nombre de su fundador: Pedro del Castillo.
(continuará)

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