@elvis_ente

04 junio, 2007

El Fin de la Pena (parte 2)

Dr. Elías Neuman "La Sociedad Carcelaria"

Evolución de los valores y principios rectores de las políticas de regulación del delito.

La manera en que una Sociedad resuelve los desafíos de la inseguridad y la reinserción tiene su raíz en los valores antes que las ideologías. Estos aportan un principio de orden a la conducta humana, son fruto de nuestros pensamientos y se manifiestan en distintos órdenes de la vida. Los valores se ubican por encima de las opiniones, totalizándolas, y otorgándoles coherencia.
A comienzos del siglo XVIII la mayoría de las penas que castigaban los delitos eran físicas y se ejecutaban públicamente. Gran parte de los delitos se castigaban con la muerte. La voluntad de amedrentar a los condenados hizo que abundasen las torturas, muchas veces cargadas de contenido simbólico, y que el castigo continuase en el cuerpo sin vida del reo, extendiendo sus cenizas por los caminos o dejándolo expuesto hasta su descomposición.
El suplicio anticipaba los sufrimientos del Purgatorio, lo que justificaba el uso de la tortura para arrancar la confesión del malhechor renuente. A menudo se entremezclaban las ideas de delito y de pecado, tanto en el discurso de los juristas como en los sistemas legales.
La prisión ocupaba una posición marginal dentro de la práctica penitenciaria. Servía para ´guardar´ los reos a la espera del juicio.
Cuando el conocimiento amplía nuestros horizontes también pueden cambiar nuestros valores; y así ocurrió a partir de dramáticos cambios de ideas y conceptos que se produjeron en el campo científico a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX y que dieron lugar a un paradigma social desde el cual la problemática carcelaria adquiere otra fisonomía, una visión sistémica amparada en los valores emergentes de las nueva ciencia.
La trama de elementos que atraviesan los Sistemas Penitenciarios se expresan también en la evolución de su escenario legal. Este campo se ha modificado más que ningún otro; anticipando los cambios que se avecinan en la gestión política penitenciaria.
La crisis de la rehabilitación como objetivo social de las cárceles generó un movimiento legal a nivel mundial que distingue derechos sobre los presos de manera tal de minimizar los efectos perniciosos del encierro.
Los derechos básicos de los presos están incluidos en leyes y normas internacionales. Muchos Estados en cada región del mundo han firmado y ratificado tratados internacionales, convenciones, pactos y reglas que confirman estos derechos.
Entre los más importantes se encuentran la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estos derechos incluyen:
· Derecho a la vida y a la seguridad de la persona.
· Derecho a no ser torturado o maltratado.
· Derecho a la salud.
· Derecho al respeto a la dignidad humana.
· Derecho a un juicio justo.
· Derecho a no ser discriminado.
· Derecho a no ser sometido a esclavitud.
· Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y culto.
· Derecho al respeto de la vida familiar.
· Derecho al desarrollo personal.

En Argentina esta evolución se inicia 1995. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en marcha por decreto un programa de reformas que se llamó Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional y el Tratamiento Penitenciario.
En este marco fue promulgada la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que fue en julio de 1996 (Ley Nº24.660). El marco jurídico de Mendoza está determinado por la adhesión provincial a esta ley (ley 6.513).
La nueva norma pasó a retiro la antigua ley provincial 3.777 (estatuto del personal penitenciario provincial), cuyo primer artículo expresa el sentido que la Sociedad otorgaba a la cárcel"...la custodia y guarda de los detenidos, procesados, sujetos a la prisión preventiva y a cuyo cargo está: la ejecución de las sanciones penales privativas y restrictivas de la libertad, sirviendo de esta manera a la administración del orden público y social"
La ley 24660 plantea un objetivo social actualizado a los valores que sostienen las Sociedades Desarrolladas; al dotar en su artículo 1º de finalidad a la Pena Privativa de la Libertad le otorga al Sistema un rumbo definido; la asimilación por parte del penado del conocimiento y las habilidades necesarias para la convivencia social, y al establecer el régimen progresivo de la pena, introduce la noción de proceso.
El efectivo cumplimiento de la ley, en su norma y espíritu no es tarea fácil. La metodología de trabajo que establece la ley obliga a cambiar 100 años de cultura punitiva basada en el control del espacio y el tiempo, sin orientación rehabilitadora.
El personal penitenciario, a lo largo del siglo XX, se ha formado dentro de un paradigma castrense, volcados hacia el control y las jerarquías. Con grados y escalafones vinculados a las funciones operativas similares a las fuerzas de seguridad, pero con otro nombre: Prefecto, Alcaide, Subprefecto, Adjutor..
Desde la formación se toma al interno como una hipótesis de conflicto más que como sujeto de Derecho y Rehabilitación. Esta noción condiciona el vínculo de los agentes con la población penada, para toda su carrera.
Si para capacitar al personal se ensayan mecanismos para que la gente se entienda, aprenderán a convivir, pero si se realizan simulacros de motines y conflictos, se los predispone a la violencia. El único recurso humano perfilado para contención y análisis en el Sistema penitenciario es el personal profesional que opera en las divisiones Psicosocial, Trabajo o Educación, provenientes de otras disciplinas como Psicología, Trabajo Social y distintos oficios.
En los últimos años ha aumentado la criminalidad en nuestra Provincia, en algunas jurisdicciones más que en otras. Nuestra población siente miedo y se moviliza a partir de un marcado incremento de los llamados "delitos callejeros" o "predatorios": delitos contra la propiedad como hurtos y robos (acompañados de violencia) y delitos contra las personas como lesiones.
La gran mayoría de estos delitos se desarrollan en los espacios públicos; siendo sus habituales víctimas, como sus autores provenientes de los sectores sociales de menores recursos económicos y sociales.
Aunque, para ser honestos, hay que decir que el crecimiento del delito "predatorio" no ha inhibido el desarrollo de otros tipos de delitos. "Delitos de "cuello blanco"; criminalidad económica, corrupción política. Estos se desarrollan en espacios semi públicos o privados y son producidos por sujetos de alta capacidad económica. Estos delitos representan la "criminalidad sumergida". Además de la importancia que poseen por su propia entidad, se encuentran fuertemente vinculados con los delitos callejeros, ya que buena parte de éstos se apoyan en una red de delitos de "cuello blanco", que dan origen y reproducen la llamada "economía ilegal".
El aumento de la cantidad de hechos delictivos (inseguridad objetiva) ha desencadenado otro proceso social en nuestra Provincia: el de la sensación de inseguridad (inseguridad subjetiva) que se manifiesta -entre otras cosas-en una creciente demanda hacia las autoridades. Producto de una necesidad insatisfecha, refleja una actitud crítica a las instituciones del sistema penal y aumento de la desconfianza pública por su falta de eficiencia para cumplir con sus objetivos.
La recurrencia de delitos aberrantes cometidos contra víctimas inocentes perturban a diario nuestra conciencia y colocan a la sociedad en estado deliberativo sobre como controlar la situación. Y en cada mesa de debate se ponen a prueba nuestros valores.
Sin pretensiones de verdad absoluta le propongo al Compañero lector un viaje a través del tiempo para observar las circunstancias en las que se orientó nuestro Sistema Penitenciario hacia el cumplimiento de la Ley inspirándonos en los valores de la Justicia Social.
Crónica de una Reforma Anunciada
Los políticos mendocinos no merecen vivir en una ciudad tan violenta. Ellos son pacíficos; sin caudillos hegemónicos, nuestros dirigentes cultivan un perfil concertador y manifiestan un nivel de convivencia superior a la media nacional. Prefieren negar los problemas antes que enfrentarlos.
Negación; esa es la palabra que resume la política de seguridad pública desde 1983 hasta "ese día" en que los mecanismos de negación que mantuvieron oculta la grave crisis en el Sistema de Seguridad Pública saltaron por los aires.
Todo comenzó en octubre del 98; al día siguiente de la transitoria detención de Pinochet en Londres. Por entonces el candidato del Partido Demócrata, Carlos Balter figuraba 1º en las encuestas para gobernador y Eduardo Duhalde, entonces el gobernador de Buenos Aires, era quien llenaba la Plaza de Mayo en un nuevo día de la Lealtad. Mientras ocurría esto, algo realmente grave se gestaba en Mendoza. (continuará)

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